¿QUIÉN PREVARICA?

¿QUIÉN PREVARICA?

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En plena calima veraniega, siguen agitadas las entrañas judiciales por el libelo de sesenta folios con apariencia de recurso, que el fiscal anticorrupción de Palma, don Pedro Horrach Arrom, escribió contra el juez Castro, donde cada tres renglones y el del medio le acusa de prevaricador, incluyendo en sus páginas descalificaciones personales sin justificación alguna, como petición de inocencia para la única persona de la galaxia que desconocía las andanzas de su marido, aunque se beneficiara de ellas, con una desmemoria digna de todo asombro.

Conviene recordar que la Fiscalía Anticorrupción, es una fiscalía especial dentro del Ministerio Fiscal, encargada de investigar y conocer los procesos graves que afectan a delitos económicos y otros, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, relacionados con la repugnante corrupción, debiendo el fiscal provincial obediencia a la cadena de fiscales superiores que llegan hasta el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno.

Como ciudadano ajeno al Derecho, pero con capacidad mental reconocida, buen entendimiento, suficiente cultura y larga experiencia vital, tengo serias dificultades para comprender la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a que Rajoy declarara en el caso Bárcenas, no entiendo su oposición a investigar las preferentes en Caja Madrid, Bankia y Bancaja, rechazo el carpetazo que dio al borrado de discos duros en el PP, deploro la autorización a que Iñaki Urdangarín mantuviera el pasaporte y, finalmente, censuro su oposición a la imputación y posterior procesamiento de la infanta Cristina, porque se trata simplemente de aclarar en juicio la verdad, no de precondenar a la imputada.

Salvando las distancias ideológicas y temporales del caso, recordemos que la Inquisición puso más interés en defender el poder de la jerarquía civil y religiosa que la pureza evangélica, haciéndonos dudar si la Fiscalía vela por el cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que le atribuye la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, o mira más para el establishment de los grupos dominantes, palacios y moncloas, porque si fuera así sería la Institución más prevaricadora del Estado.

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