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¿QUIÉN PREVARICA?

¿QUIÉN PREVARICA?

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En plena calima veraniega, siguen agitadas las entrañas judiciales por el libelo de sesenta folios con apariencia de recurso, que el fiscal anticorrupción de Palma, don Pedro Horrach Arrom, escribió contra el juez Castro, donde cada tres renglones y el del medio le acusa de prevaricador, incluyendo en sus páginas descalificaciones personales sin justificación alguna, como petición de inocencia para la única persona de la galaxia que desconocía las andanzas de su marido, aunque se beneficiara de ellas, con una desmemoria digna de todo asombro.

Conviene recordar que la Fiscalía Anticorrupción, es una fiscalía especial dentro del Ministerio Fiscal, encargada de investigar y conocer los procesos graves que afectan a delitos económicos y otros, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, relacionados con la repugnante corrupción, debiendo el fiscal provincial obediencia a la cadena de fiscales superiores que llegan hasta el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno.

Como ciudadano ajeno al Derecho, pero con capacidad mental reconocida, buen entendimiento, suficiente cultura y larga experiencia vital, tengo serias dificultades para comprender la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a que Rajoy declarara en el caso Bárcenas, no entiendo su oposición a investigar las preferentes en Caja Madrid, Bankia y Bancaja, rechazo el carpetazo que dio al borrado de discos duros en el PP, deploro la autorización a que Iñaki Urdangarín mantuviera el pasaporte y, finalmente, censuro su oposición a la imputación y posterior procesamiento de la infanta Cristina, porque se trata simplemente de aclarar en juicio la verdad, no de precondenar a la imputada.

Salvando las distancias ideológicas y temporales del caso, recordemos que la Inquisición puso más interés en defender el poder de la jerarquía civil y religiosa que la pureza evangélica, haciéndonos dudar si la Fiscalía vela por el cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que le atribuye la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, o mira más para el establishment de los grupos dominantes, palacios y moncloas, porque si fuera así sería la Institución más prevaricadora del Estado.

TOGAS ENFRENTADAS

TOGAS ENFRENTADAS

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Con miedo a errar voy a dar unos pasos por el campo minado de la justicia, sabiendo que una mala pisada puede hacerme saltar por los aires, llevándome el sentimiento de frustración que me embarga viendo la lucha que mantienen las togas judiciales de Castro y las asociaciones de jueces, contra las fiscales de Horrach y Torres Dulce.

El fiscal anticorrupción se ensaña en su recurso contra el juez Castro, y su jefe dice que tiene la obligación de respaldarlo porque ha mantenido siempre el mismo criterio, a diferencia del juez que lo ha modificado, mientras las asociaciones judiciales apoyan al juez Castro y este pide a Horrach que le denuncie por prevaricador.

Eso dicen unos y otros, dándonos a los ciudadanos la oportunidad de opinar lo que pensamos sobre todo ello en foros como este blog donde la libertad de expresión es absoluta, siempre que los insultos no sustituya los argumentos.

Cuando Torres afirma que tiene la obligación de respaldar a Horrach, tal vez sea porque este es la voz de su amo en un oficio jerarquizado y fuertemente politizado, argumentando que la fiscalía siempre mantuvo el mismo criterio, quizás porque desde el comienzo tuvo claro cual debía ser la conclusión, fueran cuales fueran las informaciones recibidas, criticando al juez Castro por su lógico cambio de opinión en vista de las pruebas acusatorias que llegaban progresivamente a su mesa.

La dureza, insultos y descalificaciones personales del recurso fiscal lo invalidan en su propia esencia por carecer de argumentos jurídicos según han declarado las organizaciones judiciales, al tiempo que piden una intervención del Consejo General del Poder Judicial, considerando que el escrito de Horrach se acerca más un libelo que a un recurso.

Enfrentamiento institucional que resulta patético para la ciudadanía, que observa con estupor, espanto y decepción la quiebra de un poder básico del Estado de Derecho, sin que los responsables se den por aludidos ni atiendan el resultados de las encuestas donde se refleja la opinión mayoritaria de los ciudadanos hacia la culpabilidad de la Infanta.

TRIUNFO DE LA LÓGICA CIUDADANA

TRIUNFO DE LA LÓGICA CIUDADANA

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La lógica es una ciencia formal dedicada al estudio de los principios de inferencia válida, consistentes en llegar a conclusiones reales a partir de premisas ciertas. Algo tan sencillo de comprender, no siempre resulta fácil de generalizar porque las circunstancias determinan modelos diferentes de estructuras lógicas que se interfieren entre ellas.

Así, llegamos a distintas conclusiones silogísticas en función de los individuos afectados por las premisas que determinan dichas conclusiones, encontrándonos con “lógicas fiscales”, “lógicas reales”, “lógicas judiciales”, “lógicas familiares” y “lógicas ciudadanas”.

En el caso de la señora jefa del Instituto de la Mente, – más conocido como Nóos -, la lógica ciudadana ha mantenido siempre su responsabilidad en las fechorías del lucrativo Instituto porque la conclusión del silogismo así lo determinaba: “Si la cúpula del Instituto Nóos saqueaba las Instituciones y Cristina formaba parte de dicha cúpula, es obvio que Cristina colaboraba a desvalijar al personal”.

Esto tan simple, ha costado meses en hacerse realidad hasta que ayer el juez Castro decidió imputar a la consorte del jefe de la trama de corrupción, haciendo tambalear aún más la decadente monarquía española, de la que no se salva rey ni roque, por mucho que el fiscal anticorrupción se empeñe en lo contrario, los cortesanos cierren filas borbónicas y el príncipe heredero haya empuñado la bandera del rearme moral en la Casa.

JUSTICIA LÓGICA

JUSTICIA LÓGICA

El abogado defensor del exsocio Torres ha interpuesto el Jueves de Pasión un recurso contra el auto del juez que desestima archivar la imputación de Tejeiro. Lógico.

Quienes ignoramos la red judicial no debemos hablar sobre cuestiones legales, pero nadie puede negarnos el derecho a opinar  sobre los dictados del pensamiento lógico.

En este marco debemos proclamar nuestra adhesión a la lógica petición de Ana María Tejeiro, – mujer Diego Torres -,  al juez Castro para que retire su imputación en el caso, atendiendo la palabra del rey que aseguró al pueblo una justicia con la venda sobre los ojos.

Si la secretaria de una empresa y propietaria de la mitad del capital no está imputada en una causa judicial contra la sociedad, ¿cómo puede imputarse a la mujer del otro socio que no figura “ni por asomo” en el organigrama del negocio?

Igualmente, la propia lógica desaconseja eximir a Tejeiro de la imputación, pero exige la presencia de la infanta ante el juez por las razones aludidas, a las que se puede añadir su condición de esposa del mayor encausado.

La legalidad de la actuación del juez Castro es indudable, pero la dialéctica del carbonero pide que se llame a capítulo a doña Cristina como testigo, para que ayude a aclarar las cosas, y decidir luego si procede o no imputarla en los hechos. Es pura lógica, simplemente.

Es obligado oír a la consocia para saber qué sabía, cómo explica sus beneficios, de qué manera firmaba actas y documentos y qué le contaba su marido. Ningún testigo sale estigmatizado de un interrogatorio si es inocente y la discriminación no es el mejor camino para la justicia.

Es más, si la infanta tiene pruebas de su inocencia, debe solicitar ella misma declarar ante el juez para evitar malos pensamientos de los súbditos, porque de lo contrario estamos obligados a presentir segundas verdades que todos sospechamos, incluidos los cortesanos de palacio.