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¿QUIÉN PREVARICA?

¿QUIÉN PREVARICA?

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En plena calima veraniega, siguen agitadas las entrañas judiciales por el libelo de sesenta folios con apariencia de recurso, que el fiscal anticorrupción de Palma, don Pedro Horrach Arrom, escribió contra el juez Castro, donde cada tres renglones y el del medio le acusa de prevaricador, incluyendo en sus páginas descalificaciones personales sin justificación alguna, como petición de inocencia para la única persona de la galaxia que desconocía las andanzas de su marido, aunque se beneficiara de ellas, con una desmemoria digna de todo asombro.

Conviene recordar que la Fiscalía Anticorrupción, es una fiscalía especial dentro del Ministerio Fiscal, encargada de investigar y conocer los procesos graves que afectan a delitos económicos y otros, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, relacionados con la repugnante corrupción, debiendo el fiscal provincial obediencia a la cadena de fiscales superiores que llegan hasta el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno.

Como ciudadano ajeno al Derecho, pero con capacidad mental reconocida, buen entendimiento, suficiente cultura y larga experiencia vital, tengo serias dificultades para comprender la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a que Rajoy declarara en el caso Bárcenas, no entiendo su oposición a investigar las preferentes en Caja Madrid, Bankia y Bancaja, rechazo el carpetazo que dio al borrado de discos duros en el PP, deploro la autorización a que Iñaki Urdangarín mantuviera el pasaporte y, finalmente, censuro su oposición a la imputación y posterior procesamiento de la infanta Cristina, porque se trata simplemente de aclarar en juicio la verdad, no de precondenar a la imputada.

Salvando las distancias ideológicas y temporales del caso, recordemos que la Inquisición puso más interés en defender el poder de la jerarquía civil y religiosa que la pureza evangélica, haciéndonos dudar si la Fiscalía vela por el cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que le atribuye la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, o mira más para el establishment de los grupos dominantes, palacios y moncloas, porque si fuera así sería la Institución más prevaricadora del Estado.

TOGAS ENFRENTADAS

TOGAS ENFRENTADAS

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Con miedo a errar voy a dar unos pasos por el campo minado de la justicia, sabiendo que una mala pisada puede hacerme saltar por los aires, llevándome el sentimiento de frustración que me embarga viendo la lucha que mantienen las togas judiciales de Castro y las asociaciones de jueces, contra las fiscales de Horrach y Torres Dulce.

El fiscal anticorrupción se ensaña en su recurso contra el juez Castro, y su jefe dice que tiene la obligación de respaldarlo porque ha mantenido siempre el mismo criterio, a diferencia del juez que lo ha modificado, mientras las asociaciones judiciales apoyan al juez Castro y este pide a Horrach que le denuncie por prevaricador.

Eso dicen unos y otros, dándonos a los ciudadanos la oportunidad de opinar lo que pensamos sobre todo ello en foros como este blog donde la libertad de expresión es absoluta, siempre que los insultos no sustituya los argumentos.

Cuando Torres afirma que tiene la obligación de respaldar a Horrach, tal vez sea porque este es la voz de su amo en un oficio jerarquizado y fuertemente politizado, argumentando que la fiscalía siempre mantuvo el mismo criterio, quizás porque desde el comienzo tuvo claro cual debía ser la conclusión, fueran cuales fueran las informaciones recibidas, criticando al juez Castro por su lógico cambio de opinión en vista de las pruebas acusatorias que llegaban progresivamente a su mesa.

La dureza, insultos y descalificaciones personales del recurso fiscal lo invalidan en su propia esencia por carecer de argumentos jurídicos según han declarado las organizaciones judiciales, al tiempo que piden una intervención del Consejo General del Poder Judicial, considerando que el escrito de Horrach se acerca más un libelo que a un recurso.

Enfrentamiento institucional que resulta patético para la ciudadanía, que observa con estupor, espanto y decepción la quiebra de un poder básico del Estado de Derecho, sin que los responsables se den por aludidos ni atiendan el resultados de las encuestas donde se refleja la opinión mayoritaria de los ciudadanos hacia la culpabilidad de la Infanta.

INFECCIÓN DE ERRORES

INFECCIÓN DE ERRORES

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La epidemia de errores que se extiende por esta tierra de María Santísima, obliga a pensar en segundas verdades que nada tienen que ver con la opaca pantalla que nos ponen delante de nuestras narices para intentar justificar lo que no necesita justificación alguna porque la realidad habla por sí sola, haciendo evidente lo que quieren esconder mercaderes del engaño instruidos en la escuela sofista.

Nadie duda que el error es una cualidad inseparable del ser humano, entre otras cosas porque todas las personas erramos, aunque pongamos el mayor empeño en evitar el yerro y no exista malicia en ello, sino desdichada ignorancia que nos lleva a conculcar preceptos, incumplir leyes, realizar actos incorrectos y decir aquello que no debemos.

Aprovechando este río revuelto marcado por la realidad vital de las personas, los oportunistas del lazo, estafadores políticos, depredadores sociales y usureros bancarios que gobiernan el país, la sociedad y la economía, espulgan sus responsabilidades, eluden cárceles y justifican actitudes detestables, atribuyendo su mala gestión a inocentes errores, de los que no están exentos, porque son seres humanos.

El problema es que tantos errores nos obligan a sospechar segundas verdades, intolerables en un Estado constitucional, democrático y de derecho, que se precia de organizarse con leyes de obligado cumplimiento, incluso para aquellos que las incumplen.

Se atribuyen propiedades a la infanta Cristina por errores que nadie explica, ni se explica nadie. Se libera a Blesa de la cárcel por errores procesales del juez, que los ciudadanos no comprenden. Se indulta y premia a politizados miembros de Consejos de Administración, por cometer errores contables injustificados. Se anulan autos judiciales imputando a la realeza, aludiendo a teóricos errores en la instrucción, contraviniendo el común sentido ciudadano.

Para el Gobierno y sus voceros, los “indignados” están en el error, los desahuciados cometen disparates, los arruinados con las “preferentes” van equivocados con sus peticiones, los inmigrantes sin papeles cometen el fallo de ir a los hospitales, los hambrientos se equivocan buscando en los contenedores, los médicos no saben lo que quieren y los profesores van desacertados en sus peticiones.

Por otro lado, en España siguen yendo bien las cosas, muy bien. El Gobierno camina con buen rumbo y sin cometer errores. Rajoy está orgulloso de todo lo conseguido. Rubalcaba satisfecho con la marcha decadente del PSOE. La patronal brindando por la reforma laboral. Y los banqueros manteniendo sus ingresos con la usura, mientras  una plaga de impunidad se expande entre los poderes y altas Instituciones del Estado.

DESOBEDIENCIA CIVIL

DESOBEDIENCIA CIVIL

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La desobediencia civil, consecuencia de la objeción de conciencia, es el rechazo de las personas a cumplir determinadas leyes y órdenes, por considerarlas contrarias a sus convicciones personales forjadas en principios éticos o religiosos. Fundamentos disconformes con exigencias impuestas por leyes y mandatos externos, que determinan la desobediencia civil del objetante, sin cometer delito por someter ordenanzas humanas a dictados naturales de la conciencia.

Eso ha hecho el bombero que ayer se ha negado a cizallar las cadenas de acceso a la vivienda de una anciana de 85 años que iba a ser desahuciada, ante la cara de asombro de los policías y agentes judiciales que reclamaron su presencia, y el aplauso de los ciudadanos solidarios que se oponían al desahucio. Nuevo brote verde de rebeldía e insumisión a órdenes que pretenden malversar la conciencia personal de cada cual,  preludio de próximas desobediencias si las autoridades se empecinan en seguir por el camino que han tomado.

La Constitución recoge en su artículo 30 este derecho ciudadano, pero sólo en el ámbito del servicio militar, olvidando que la conciencia personal va más allá de negarse a disparar balas contra otro ser humano, porque existen otras formas de matar o mutilar al vecino, sin necesidad de pegarle un tiro en el pecho o volatilizarlo de un bombazo.

¿Puede obligarse a un cirujano a dejar abandonado en la puerta del quirófano a un enfermo sin “papeles”? ¿Debe condenarse a un soldado por negarse a cumplir órdenes de matanza opuestas a su conciencia? ¿Merece castigo un bombero por cumplir su código deontológico, desobedeciendo mandatos que considera inmorales?  ¿Puede inhabilitarse a un policía por negarse a golpear ciudadanos que piden pan, trabajo y justicia o apartarle del servicio por disparar al aire pelotas de goma en vez de hacerlo a los ojos de quienes defienden los intereses del propio policía que los mutila? ¿Puede obligarse a un juez a dictar sentencia de desahucio contra un desposeído, basándose en una ley añeja que colisiona con su ética personal y su desacuerdo legal?

La objeción de conciencia provoca una dolorosa confrontación entre dos normas desiguales en su ámbito de influencia, pero con igual mérito, validez e influencia sobre las personas: la norma legal impuesta por la sociedad; y el código ético personal que determina los comportamientos individuales.

Existe un choque frontal entre el derecho objetivo y la norma subjetiva. El primero con más tinte de racionalidad que el segundo, aunque éste aventaje en convicción y compromiso al primero, amparándose en la Declaración de los Derechos Humanos y en  decretos naturales contrarios a ordenanzas legales, sean éstas las que fueren.

Los que pretenden someter la objeción de conciencia a las leyes comunes, alegando los valores democráticos que las dictan, olvidan que los ciudadanos no estamos sometidos a la disciplinas contrarias a nuestro código moral de conducta, ni obligados a claudicar ante el patrioterismo de poltrona y chequera, pretendido por demagogos que llenan sus bocas con palabras que contradicen los comportamientos y actitudes que manifiestan.

Los demócratas hemos de acabar con esa lacra de patrioterismo y democratismo, con que pretenden adoctrinarnos y domesticarnos para evitar la rebelión y acrecentar la sumisión, a base de amenazas, pelotazos, garrotazos y leyes que benefician a los mantenedores del sistema.

Quienes dan las órdenes no siempre tienen razón, y es obligación ciudadana oponerse a ellas cuando el daño que generan a los vecinos lo aprovechan unos cuantos pescadores en este río revuelto cargando las redes de beneficios personales que aliviarían poblaciones enteras, como es de todos conocido, sin necesidad de dar nombres de los depredadores, porque están en boca de todos.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Hacen espinosa la decisión de objetar, los principios de libertad, conciencia y ley que conforman la negativa a obedecer mandatos contrarios a las propias convicciones personales, en ciudadanos con pensamiento libre que viven en un país organizado con leyes promulgadas por sus vecinos.

Es, pues, la objeción de conciencia el principio moral que sustenta la rebelión ciudadana, cuando las personas se niegan a cumplir leyes artificiales con fecha de caducidad, contrarias a universales leyes naturales que determinan los comportamientos humanos.

¿Tienen los poderes públicos capacidad para exigir a los funcionarios del Estado el cumplimiento de leyes dictadas por ellos, si éstas son contrarias a las convicciones personales de quienes deben cumplirlas?

¿Merecen sanción quienes se niegan a traicionar su íntima conciencia, incumpliendo dictados externos, leyes y órdenes de sus vecinos, que confrontan y colisionan con su personal modo de sentir, vivir y creer?

¿Merece arresto un policía que se niega a reprimir manifestaciones ciudadanas que piden pan, trabajo y justicia para los hambrientos, parados y desahuciados, objetando razones de conciencia?

¿Merece suspensión un juez que se inhibe o evita el desahucio de un ciudadano desesperado, negándose a cumplir una ley centenaria, injusta y caduca, rechazada por su conciencia y ética profesional?

¿Merece sanción un médico que atiende a un “sin papeles” contraviniendo el eufemístico “Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, siguiendo el código deontológico dictado por su conciencia?.

DENUNCIA AL JUEZ PEDRAZ

DENUNCIA AL JUEZ PEDRAZ

El mismo sindicato que se tiró a la yugular del juez Garzón, ha desplegado la artillería legal contra su amigo Santiago Pedraz, denunciándole ante el Consejo General del Poder Judicial por haber cometido presuntas faltas graves en su Auto de sobreseimiento de las acusaciones policiales contra los cabecillas de las manifestaciones frente al Congreso.

Entienden los denunciantes que el juez ha ido más allá de lo permitido en un Auto judicial, escribiendo inadmisibles comentarios sobre políticos y policías. Bien por los sindicalistas. Estoy de acuerdo con ellos y apoyo su denuncia, porque basta ya de rojerío progresista que pretende decolorar el tradicional azulón de la judicatura.

Efectivamente, la afirmación del juez sobre la clase política calificándola como “decadente” representa una grave e inmerecida valoración de la misma, rechazada por la inmensa mayoría de la población que considera ejemplar el comportamiento de la “casta”, y así la valora en las encuestas del CIS, poniéndola a la cabeza en los baremos de las mayores preocupaciones ciudadanas, por su destacada honradez, capacidad de trabajo, vocación de servicio, demostrada competencia, generosidad sin límites, escaso salario y carencia de privilegios.

Se excede igualmente el juez en el Auto, al decir que la policía se extralimitó en sus funciones, porque determinados miembros de los cuerpos de seguridad están autorizados por ley a invadir estaciones cuando se les antoje, golpear indiscriminadamente a los ciudadanos que esperan trenes en los andenes, romper tabiques nasales a sospechosos, maltratar a quienes ya están reducidos y arrastrar ancianos por el suelo.

Comete una grave ofensa el juez al decir que la policía exageró el delito en el atestado, porque la determinación de los manifestantes estaba clara: asaltar el Congreso como hizo Tejero, dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Bastaba con ver las guillotinas portátiles que portaba cada manifestante, y el rechazo popular que tuvieron de la ciudadanía, pues la inmensa mayoría de españoles no acudimos a la manifestación madrileña porque estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno, como tan sabiamente dijo el presidente del mismo.

Dicho esto, sólo cabe esperar que la sensatez de los miembros del Consejo les conmine a rechazar la denuncia, porque el sentido común es algo muy necesario cuando los cambios de presión política y temperatura mercantil modifican las variables termodinámicas sociales, provocando agitación en las partículas del recinto por elevación de la temperatura financiera.

SECUELAS DE UN ASALTO

SECUELAS DE UN ASALTO

La libertad con cargos que el juez ha decretado para los atracadores de los supermercados pone en evidencia la gravedad del comportamiento que tuvieron tales delincuentes, aunque la acusación judicial de “robo con violencia” sea redundante en sus términos y no acabemos de entenderla, pues en la propia definición de robo se incluye la violencia para que sea tal robo, junto a la segunda cualidad que lo define: la toma para sí de lo ajeno. Vamos que los atracadores han sido los beneficiarios del robo perpetrado y merecen el castigo correspondiente.

Igualmente, no cabe duda que se trata de un asalto porque los maleantes acometieron impetuosamente la fortaleza entrando en ella escalando las defensas, según definición del diccionario. Pues que paguen también por ello.

Esto explica el acuerdo de todas las encuestas en recoger idénticas opiniones de los españoles, con resultados que van desde la mayoría absoluta que está de acuerdo con los despreciables “sateros”, hasta quienes opinan lo contrario. ¿Casualidad? ¿Manipulación? ¿Trampas? No. Realidad de un país que tiene el privilegio de estar entre los diez más pobres de Europa.

Lo tranquilizador de los hechos, lo verdaderamente importante que a todos debe consolarnos es que los ciudadanos heridos en el asalto ya han sido dados de alta y se encuentran convaleciendo en sus casas.

Lo que debe estimularnos es que los policías consiguieron desarmar a los delincuentes arriesgando sus vidas, y ya les han requisado las armas blancas, negras y amarillas, empleadas en el asalto.

Lo que debe tranquilizarnos es que se hayan concedido 50 millones de euros a cada uno de los propietarios de los supermercados para que levanten un nuevo comercio en el lugar donde estaba el que fue destrozado y demolido por los asaltantes.

Lo que debe animarnos es la respuesta contundente que ha dado la Iglesia católica condenando a los forajidos por dar de comer a los que pasan hambre.

¡Ah! Y lo que no debe avergonzarnos es vivir en un reino donde los grandes estafadores, defraudadores y delincuentes de guante blanco, campan impunemente por sus respetos, mientras los siervos se hacinan en las cárceles por llevarse un mendrugo de pan para salir de la hambruna.