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JUSTICIA LÓGICA

JUSTICIA LÓGICA

El abogado defensor del exsocio Torres ha interpuesto el Jueves de Pasión un recurso contra el auto del juez que desestima archivar la imputación de Tejeiro. Lógico.

Quienes ignoramos la red judicial no debemos hablar sobre cuestiones legales, pero nadie puede negarnos el derecho a opinar  sobre los dictados del pensamiento lógico.

En este marco debemos proclamar nuestra adhesión a la lógica petición de Ana María Tejeiro, – mujer Diego Torres -,  al juez Castro para que retire su imputación en el caso, atendiendo la palabra del rey que aseguró al pueblo una justicia con la venda sobre los ojos.

Si la secretaria de una empresa y propietaria de la mitad del capital no está imputada en una causa judicial contra la sociedad, ¿cómo puede imputarse a la mujer del otro socio que no figura “ni por asomo” en el organigrama del negocio?

Igualmente, la propia lógica desaconseja eximir a Tejeiro de la imputación, pero exige la presencia de la infanta ante el juez por las razones aludidas, a las que se puede añadir su condición de esposa del mayor encausado.

La legalidad de la actuación del juez Castro es indudable, pero la dialéctica del carbonero pide que se llame a capítulo a doña Cristina como testigo, para que ayude a aclarar las cosas, y decidir luego si procede o no imputarla en los hechos. Es pura lógica, simplemente.

Es obligado oír a la consocia para saber qué sabía, cómo explica sus beneficios, de qué manera firmaba actas y documentos y qué le contaba su marido. Ningún testigo sale estigmatizado de un interrogatorio si es inocente y la discriminación no es el mejor camino para la justicia.

Es más, si la infanta tiene pruebas de su inocencia, debe solicitar ella misma declarar ante el juez para evitar malos pensamientos de los súbditos, porque de lo contrario estamos obligados a presentir segundas verdades que todos sospechamos, incluidos los cortesanos de palacio.

SARCASMO JUDICIAL

SARCASMO JUDICIAL

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No encuentro mejor palabra que sarcasmo para definir la situación que está pasando el juez Baltasar Garzón con los procesos judiciales en curso, que pueden otorgarle el detestable honor de ser el primer condenado por el caso Gürtel y la última víctima del franquismo. Tiene gracia.

Podrá parecer bien o mal el juego político seguido por el magistrado subiéndose al segundo peldaño de la escalinata socialista. Desagradará a muchos su protagonismo y afán de notoriedad.  Celará su estrellato a otros. Molestará la prepotencia de sus gestos aunque él se declare tímido enfermizo. Vale. Pero acusar al juez Garzón de prevaricación, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta, me parece un sarcasmo.

Puedo aceptar incluso que se equivocara en su trabajo y mereciera una amonestación o la anulación de sus actuaciones por parte del CGPJ, pero acusarle de prevaricación me parece una burla sangrienta a la justicia, a la ley, a toda la escala judicial, a la población y al propio magistrado.

La mordacidad con que se está maltratando de palabra, obra y omisión a este asesor del Tribunal Penal Internacional, Consultor de la OEA y miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, desconcierta incluso a los amigos hispanófilos de diferentes nacionalidades, que me preguntan por el caso, diciéndome que no entienden nada.

¿Cómo explicarles las acusaciones a un juez por ordenar escuchas telefónicas entre abogados y encausados en el putrefacto caso Gürtel argumentando que  laminaba el derecho de defensa, cuando se pretendía evitar el blanqueo de 20 millones de euros, que el propio fiscal aprueba pidiendo la absolución del acusado?

¿Cómo explicarles que está siendo enjuiciado el magistrado Garzón por pretender esclarecer el origen y causas de las muertes habidas durante la  guerra civil y el posterior franquismo, calificando el fiscal de insólito el procesamiento, pidiendo la anulación del juicio y la absolución inmediata del encausado?

¿Cómo explicarles que el juez Garzón puede ser condenado por archivar una causa a partir del informe previo positivo del fiscal y la confirmación posterior de la Sala Penal de la Audiencia?

¿Cómo explicarle a estos amigos la corrosiva persecución político-judicial que está sufriendo el primer luchador contra el narcotráfico, el liquidador de los GAL, la mano de hierro con el terrorismo y el acusador de varios criminales contra la Humanidad?

¿Cómo explicarles que quien fue diputado nacional, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Doctor Honoris Causa por veintiuna universidades, y ganador de los premios Christa Leem, Luis Tilve, Brigada Abraham Lincoln, Fundación Puffin, Azucena Villaflor, Valores, Pozo Fortuna, etc., sea un chorizo que burla la justicia y actúa al margen de ella?

¿Cómo explicar a los amigos extranjeros el sabor acre que todo lo que está sucediéndole al juez Garzón me deja en el paladar, viendo rodar por tierra treinta años de impecable carrera judicial y de compromiso con la justicia, simplemente porque los negros tentáculos de la política llegan hasta las togas judiciales ennegreciendo sus puñetas?

¿Cómo evitar esta degradación del Estado democrático, el hachazo a la independencia del poder judicial y el espantoso ridículo mundial que estamos haciendo, si hubiera bastado con anular las pruebas recogidas en las grabaciones o evitar el juicio oral como tantas veces han hecho las autoridades judiciales del Supremo?

DE IMPUTADOS A INVESTIGADOS

DE IMPUTADOS A INVESTIGADOS

Semanas después de que la Fiscalía General del Estado anulase el intento de un sector del Consejo General del Poder Judicial de ponerle un nuevo parche poroso a la añeja Ley de Enjuiciamiento Criminal, enmendando la Ley de Agilización Procesal, el inquieto ministro de Justicia, Francisco Caamaño, abría la caja de sorpresas en un momento de incierto futuro para el gobierno, reconociendo públicamente la existencia de un borrador que modificará sensiblemente la Ley de Enjuiciamiento Criminal – piedra angular del ordenamiento jurídico – proponiendo como novedad fundamental que la Fiscalía se encargue de dirigir la investigación penal tanto en los procesos ordinarios que concluyen en auto de procesamiento, como en los abreviados que finalizan en imputación.

Esto significa sencilla y llanamente la desaparición de los juzgados de instrucción, pero no de los jueces en el proceso, que se mantendrán en la figura del «juez de garantías», ocupados en centrar el trabajo de los fiscales, con el fin de proteger los derechos del sospechoso.

Aunque esta es la variación más importante, quiero poner la atención en un aspecto menor que me preocupa porque alivia la pena moral y pública de los políticos “presuntamente” corruptos, al calificarlos como investigados, en lugar de imputados. Beneficio nominal inmerecido por los implicados.

En el libro de la Academia donde se recogen y explican de forma ordenada todas las voces de la lengua española, no figura la palabra investigado por ninguna parte. Tampoco aparece en el Diccionario de Términos Jurídicos de Aranzadi, lo que dificulta saber a qué se refiere exactamente el ministro empleando un término inexistente. Algo que no ocurre con la voz imputado, utilizada para definir a la persona que se encuentra en proceso penal.

No obstante, podemos intuir el significado del término investigado, sabiendo que investigar  es hacer diligencias para descubrir algo y aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente.

Si esto es así, no queda más remedio que concluir afirmando que se trata del mismo perro al que se le pretende sustituir el collar con púas del castigo popular por una gargantilla de san Blas. Sustitución que rechazamos porque la investigación es el proceso y la imputación su consecuencia, si procede.

Dicho esto, conviene advertir que se trata de un borrador con largo camino a recorrer, pues debe pasar primero al Consejo de Ministros, luego viajar al Congreso como proyecto de Ley donde no será consensuado dada la oposición ya manifestada por el Partido Popular y, finalmente, ser objeto de preceptivos informes de órganos judiciales y corporativos afectados por la norma. Pero según informa el ente público, cuenta con el apoyo de las Asociaciones Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia, habiendo emitido ésta un comunicado valorando muy positivamente el borrador de la norma, que «por fin aborda una reforma estructural del proceso penal con el objetivo de poner fin a una situación insostenible».

El transiberiano que espera al proyecto significa que tiene pocas posibilidades de salir adelante en el plazo pretendido, a pesar de la urgencia del ministro por “copiar las pautas propias que las democracias avanzadas, especialmente las de la Unión Europea, siguen en los procesos penales, ya que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla muchas de las garantías constitucionales, que el Tribunal Constitucional y el Supremo si contemplan, pues se trata de una ley con 129 años de antigüedad».