El sometimiento de unas personas a la voluntad de otras es un acto de acatamiento y subordinación que sólo encuentra respuesta en la insumisión, cuando el abuso de poder excede los límites fijados por las leyes, el respeto al ciudadano, la justicia social y el sentido común.

Patxi López ha optado por la insumisión civilizada que marca el Estado de Derecho, recurriendo al Tribunal Constitucional para expresar su rebeldía a la injerencia del Gobierno central en la autogestión autonómica, argumentando que las decisiones del Ejecutivo en materia de sanidad y educación, rompen el principio de igualdad y universalidad.

Actitud que corresponde a lo políticamente correcto, sin que ello menoscabe el espíritu insurrecto que la inspira, pues su levantamiento contra el Gobierno es consecuencia directa de las quejas ciudadanas que llegan hasta su mesa de despacho, gritando ¡basta ya! a la limadura que terminará haciéndonos virutas y llevando irremediablemente a los más desfavorecidos a una insumisión menos razonable que la del lendakari.

Sublevación que está al alcance de los que ya no tienen nada que perder porque lo han perdido todo salvo la vida, y no están dispuestos a dejarla abandonada a la puerta de un hospital. Insumisión activa de quienes llegan al final del sueldo sin acabar el mes, negándose a pagar las cuotas impuestas por aquellos a los que les sobra sueldo al final del mes.

A nadie extrañaría el bloqueo de autopistas y la silicona en las cerraduras de los centros educativos públicos. No cabe sorpresa en los hospitales si quienes no pueden pagar estancia, sillón y comida toman los centros sanitarios como los revolucionarios tomaron la Bastilla. Es normal que los enfermos crónicos con salario de subsistencia se nieguen a pagar las medicinas. Parece razonable que los afectados por la ley de dependencia bloqueen la entrada en la Moncloa con las sillas de ruedas. Y no sería extraño que los desvalidos hagan valer lo que valen valiéndose de su valor.