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¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

Entre todos los alegatos hechos por los secesionistas, ponemos atención en dos afirmaciones pronunciadas por ellos que rechinan en un Estado Democrático de Derecho, tratando de confundir el sentido común y la lógica natural con sofismas y argumentos falsos o capciosos esgrimidos con la pretensión de hacerse pasar por verdaderos.

Coincidimos plenamente con su afirmación de que votar en un referéndum no es delito, por supuesto, ¡faltaría más!;  por eso no se sienta a nadie en un banquillo por ir a las urnas en un referéndum legalmente convocado, sino todo lo contrario pues el votante merece felicitaciones del sistema democrático. Pero cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional un referéndum, quien lo convoca, apoya, organiza y vota, comete delito de desobediencia grave a la autoridad y a la ley, como le sucede a los dirigentes catalanes procesados, buenos conocedores de la sentencia del Constitucional en claros términos y contundente: “El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”. No hay duda, pues, de la ilegalidad del referéndum promovido por los encausados.

Por otro lado, con persistencia machacona de martillos pilones, los independentistas golpean nuestras mentes con tesón de propaganda goebbeliana diciendo que los procesado son “presos políticos”, sabedores que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad indiscutida, ignorando que en su caso nadie aceptará que los “políticos presos” pasen a ser presos políticos por obra y gracia de la propaganda secesionista.

El juicio a los cabecillas del “procés” con los abogados defensores al ataque político, los compañeros políticos desplegando toda la artillería verbal contra el juicio, el fugado Puigdemont en Berlín olvidando en la rueda de prensa que un Estado de Derecho exige el cumplimiento de las leyes, y los CDRs. vociferando contra el Estado opresor, nos obliga una vez más a diferenciar “político preso” de “preso político”, para confirmar el fracaso en el intento de confusión.

         El preso político es una persona encarcelada por su conciencia e ideas, sin haber cometido delito tipificado en los códigos legales; y estos políticos presos son personas que han ejercido el poder otorgado por las urnas para cometer presuntos delitos penados en tales códigos, considerándose amparados en una impunidad a la que nunca tuvieron derecho, porque el cumplimiento de las leyes también les afecta a ellos, dado que el propio Consejo de Europa estableció en 2012 que solo puede considerarse preso político la persona detenida por razones estrictamente políticas, sin haber cometido delito penal alguno.

Los encausados: Junqueras, Romeva, Forn, Bassa, Rull, Forcadell, Vila, Borrás, Mundó y los tres Jordi´s, no están en el banquillo de acusados por sus ideas políticas, ni por sus manifestaciones independentistas, no. Están siendo juzgados por haber cometido presuntamente graves delitos como rebelión, sedición, prevaricación, violación de leyes y desobediencia a mandatos constitucionales, según la instrucción del caso.

Estos doce políticos y los exiliados: Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel se habían acostumbrado a convertir en sayos personales las leyes vigentes con escandalosa impunidad, como pudo verse el 27 de octubre de 2017, para conseguir la secesión catalana en contra del ordenamiento jurídico vigente, despreciando a la mitad de sus vecinos y usurpando la soberanía nacional, con su declaración unilateral de independencia.

Declaración que ponía en vigor la esperpéntica Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, iniciándose con ello un frustrado proceso constituyente, democrático, transversal, vinculante, ciudadano y participativo, aunque la mitad de los ciudadanos catalanes no participaran de tal república catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre de 2017, a pesar de que Puigdemont declarase ante un Parlamento Catalán asumir el mandato de convertir Cataluña en un Estado independiente en forma de república.

Es decir, los doce procesados son políticos presos y no presos políticos, como ya dijo el jueves 9 de noviembre de 2017 Amnistía Internacional, declarando que los acusados no eran presos de conciencia.

Ahora solo cabe esperar que el tribunal que los juzga respete plenamente el derecho de los procesados a tener un juicio con todas las garantías legales, respetando los derechos que les asisten.

Si al final quedan absueltos por el tribunal de los delitos imputados, aceptaremos que fueron encarcelados y procesados por su condición política al sentenciarse que no cometieron delito alguno, y la democracia tendrá que devolverles el honor y la dignidad que la instrucción del proceso les ha hurtado. Pero si son condenados, quedará confirmado lo que piensa mi panadera.

TRIBUNAL ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL

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Tenemos en nuestro país diferentes tribunales que controlan y juzgan actuaciones institucionales y personales, como son: el Tribunal de Cuentas, órgano supremo encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y las Instituciones, y el Tribunal Supremo, como órgano en la cúspide del Poder Judicial en todos los órdenes, salvo en materia constitucional cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

Pero nos falta un Tribunal Judicial Electoral con jurado popular, que meta en vereda a los defraudadores electorales que prometen lo que no cumplen y hacen lo contrario de lo que prometieron hacer, sin importar el color que tengan los prometedores de actuaciones futuras en los programas electorales que van a la papelera cuando se escruta la última papeleta, en un alarde de populismo insultante.

No me refiero a las distintas Juntas Electorales, responsables de la buena marcha del proceso electoral, no. Hablo de un tribunal con capacidad jurídica y poder condenatorio, para encerrar en la cárcel a los políticos que no cumplan el contrato electoral que firman con los ciudadanos en sus programas de gobierno, engañando a los votantes con el fin de ganar su voluntad, y hasta luego Lucas.

Hoy que los torpedos van dirigidos a la línea de flotación del fraude fiscal, envío mi particular obús al corazón del impune fraude electoral que tanto hace reír a los políticos y llorar a los votantes, pidiendo la creación urgente de un Tribunal Electoral que juzgue el engaño masivo cometido desde las tribunas políticas propagandísticas, porque los ciudadanos no merecemos tanto desprecio personal, subestimación de derechos, insulto político, agravio a la dignidad ciudadana y ultraje al sentido común.

INSUMISIÓN

INSUMISIÓN

El sometimiento de unas personas a la voluntad de otras es un acto de acatamiento y subordinación que sólo encuentra respuesta en la insumisión, cuando el abuso de poder excede los límites fijados por las leyes, el respeto al ciudadano, la justicia social y el sentido común.

Patxi López ha optado por la insumisión civilizada que marca el Estado de Derecho, recurriendo al Tribunal Constitucional para expresar su rebeldía a la injerencia del Gobierno central en la autogestión autonómica, argumentando que las decisiones del Ejecutivo en materia de sanidad y educación, rompen el principio de igualdad y universalidad.

Actitud que corresponde a lo políticamente correcto, sin que ello menoscabe el espíritu insurrecto que la inspira, pues su levantamiento contra el Gobierno es consecuencia directa de las quejas ciudadanas que llegan hasta su mesa de despacho, gritando ¡basta ya! a la limadura que terminará haciéndonos virutas y llevando irremediablemente a los más desfavorecidos a una insumisión menos razonable que la del lendakari.

Sublevación que está al alcance de los que ya no tienen nada que perder porque lo han perdido todo salvo la vida, y no están dispuestos a dejarla abandonada a la puerta de un hospital. Insumisión activa de quienes llegan al final del sueldo sin acabar el mes, negándose a pagar las cuotas impuestas por aquellos a los que les sobra sueldo al final del mes.

A nadie extrañaría el bloqueo de autopistas y la silicona en las cerraduras de los centros educativos públicos. No cabe sorpresa en los hospitales si quienes no pueden pagar estancia, sillón y comida toman los centros sanitarios como los revolucionarios tomaron la Bastilla. Es normal que los enfermos crónicos con salario de subsistencia se nieguen a pagar las medicinas. Parece razonable que los afectados por la ley de dependencia bloqueen la entrada en la Moncloa con las sillas de ruedas. Y no sería extraño que los desvalidos hagan valer lo que valen valiéndose de su valor.