Tenemos en nuestro país diferentes tribunales que controlan y juzgan actuaciones institucionales y personales, como son: el Tribunal de Cuentas, órgano supremo encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y las Instituciones, y el Tribunal Supremo, como órgano en la cúspide del Poder Judicial en todos los órdenes, salvo en materia constitucional cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

Pero nos falta un Tribunal Judicial Electoral con jurado popular, que meta en vereda a los defraudadores electorales que prometen lo que no cumplen y hacen lo contrario de lo que prometieron hacer, sin importar el color que tengan los prometedores de actuaciones futuras en los programas electorales que van a la papelera cuando se escruta la última papeleta, en un alarde de populismo insultante.

No me refiero a las distintas Juntas Electorales, responsables de la buena marcha del proceso electoral, no. Hablo de un tribunal con capacidad jurídica y poder condenatorio, para encerrar en la cárcel a los políticos que no cumplan el contrato electoral que firman con los ciudadanos en sus programas de gobierno, engañando a los votantes con el fin de ganar su voluntad, y hasta luego Lucas.

Hoy que los torpedos van dirigidos a la línea de flotación del fraude fiscal, envío mi particular obús al corazón del impune fraude electoral que tanto hace reír a los políticos y llorar a los votantes, pidiendo la creación urgente de un Tribunal Electoral que juzgue el engaño masivo cometido desde las tribunas políticas propagandísticas, porque los ciudadanos no merecemos tanto desprecio personal, subestimación de derechos, insulto político, agravio a la dignidad ciudadana y ultraje al sentido común.