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MAGISTRAL MAGISTERIO DEL MAGISTRADO MARCHENA

MAGISTRAL MAGISTERIO DEL MAGISTRADO MARCHENA

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Concluida vista oral del juicio a los políticos catalanes encarcelados por su intento secesionista, es momento de hacer balance del mismo, comenzando por rechazar el apellido con que se ha calificado el litigio pues no se ha juzgado ningún “procés-proceso” político independentista, sino a personas políticas que cometieron actos delictivos en un esperpéntico ensayo separatista, que concluyó en desbandada, deserciones, silencio y decepción de los abducidos.

Por encima de todo lo acontecido durante el juicio, nos queda el estimulante recuerdo de un jurista excepcional, soberbio magistrado y modélico presidente, con talento singular para ofrecer al mundo la imagen de una justicia española muy diferente a la que ha ido en los últimos años dando tumbos por despachos políticos, tribunales internacionales, medios de comunicación y mentideros públicos.

Nunca una sentencia judicial estuvo tan legitimada antes de ser emitida como la esperada para los presuntos delincuentes juzgados por el más alto tribunal de nuestro país, pues nadie duda de su licitud y conformidad con las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, ello gracias a la independencia política, erudición penal, conocimiento procesal, honradez mental, paciencia beatífica, estoica tolerancia y respetuosa actitud demostrada por el presidente Marchena.

Merecida confianza otorgada a quien ha demostrado serenidad infinita con acusados, testigos y defensas Singulares reflejos mentales para sortear con agudeza los regates, cepos, ratoneras y celadas que los abogados defensores le han puesto en el camino a la verdad. Tenemos certidumbre en el veredicto de un tribunal presidido por quien ha demostrado sobrada sabiduría jurídica para argumentar legalmente sus requerimientos sin posibilidad de réplica. Credibilidad en un magistrado respetuoso, que ha sabido conjugar la exigencia procesal con el amable razonamiento; armonizar la capacidad de diálogo con el límite impuesto por la frontera legal; conciliar tolerancia y rigor; y acomodar las normas procesales a lo más oportuno en cada momento.

Demos las gracias al magistrado Manuel Marchena por devolvernos la confianza en la justicia, aunque un buen abogado amigo dice que no todos los jueces son “marchenas”. Gracias por su talla profesional dignificadora de las togas judiciales que otros colegas han degradado. Y gracias por su lección pública televisada de cómo presidir un tribunal de justicia.

Proponemos por ello que se difundan los vídeos de sus intervenciones en cursos de Jueces, Facultades de Derecho, Escuelas de Prácticas Jurídicas, Colegios de abogados, despachos políticos y tribunales judiciales, para que magistrados, jueces y juristas sigan sus pasos en futuros los tribunales de justicia.

Hoy lamentamos que la sucia maniobra política urdida en su día por corruptas manos de Génova y/o de Ferraz, le hiciera presentar la dimisión voluntaria a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, sin darle tiempo a calentar el sillón, porque hubiéramos tenido un gran jurista a la cabeza de la mayor institución judicial del Estado. Pero el Ayuntamiento de Las Palmas donde nació tiene la oportunidad de hacerle hijo predilecto y dar el nombre de “Juez Marchena” a una calle de su municipio.

La manada en libertad

La manada en libertad

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La última decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgó y condenó a nueve años de cárcel a los cinco autocalificados cuadrúpedos de la “manada”, ahora los deja en libertad hasta que haya sentencia firme, obligándonos a reflexionar sobre el distanciamiento que existe entre algunas sentencias judiciales y el común sentido de los mortales.

No cabe negar la legalidad de la decisión tomada por el tribunal en aplicación de las leyes vigentes, pero también es cierto que cuando las sentencias judiciales no son comprendidas ni compartidas por los ciudadanos, algo habrá que hacer para conciliar ambas posturas en un Estado Democrático de Derecho.

Tal vez, todo empezó cuando el tribunal calificó de “abuso sexual” en vez de “agresión sexual” como pedían el fiscal, las acusaciones y los habitantes de la piel de toro desde Gata a Finisterre, opinando que se trataba de una agresión en toda regla, preludio de importante protesta social, por incomprensión popular de la sentencia dictada por los altos magistrados del tribunal.

Los altos magistrados que sentenciaron y ahora dejan en libertad a los cinco animales de rebaño, -según propia definición de los condenados autodefiniéndose como “manada”-, juzgaron que hubo abuso en los actos que realizaron, y no agresión, tal vez porque la sangre no corrió entre las piernas de la joven, ni hubo desgarraduras vaginales, ni perforaciones intestinales, ni lesiones en la glotis, ni la chiquilla clavó las uñas en los de los garañones, ni cortó el pene a los depredadores.

La ignorancia jurídica que nos asiste a los disconformes con la decisión tomada, impide ver el margen de interpretación que cabe a los magistrados sobre los hechos relatados por ellos mismos en su sentencia, pues no alcanzamos a comprenderlos, ni dónde están las dudas, ni cuál debe ser la actitud del Consejo General del Poder Judicial con los jueces, ante la sentencia dictada por los detestables hechos acontecidos la noche del 7 de julio de 2016 en el portal número 5 de la pamplonesa calle Paulino Caballero.

Cuando el Derecho Penal se opone a la capacidad comprensiva de los mortales; cuando la interpretación judicial es contraria a la lógica natural; y cuando las sentencias son incomprendidas por el pueblo, urge modificar las normas jurídicas para evitar interpretaciones judiciales contrarias a las concepciones que los ciudadanos tenemos de la vida y los delitos.

TRIBUNAL ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL

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Tenemos en nuestro país diferentes tribunales que controlan y juzgan actuaciones institucionales y personales, como son: el Tribunal de Cuentas, órgano supremo encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y las Instituciones, y el Tribunal Supremo, como órgano en la cúspide del Poder Judicial en todos los órdenes, salvo en materia constitucional cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

Pero nos falta un Tribunal Judicial Electoral con jurado popular, que meta en vereda a los defraudadores electorales que prometen lo que no cumplen y hacen lo contrario de lo que prometieron hacer, sin importar el color que tengan los prometedores de actuaciones futuras en los programas electorales que van a la papelera cuando se escruta la última papeleta, en un alarde de populismo insultante.

No me refiero a las distintas Juntas Electorales, responsables de la buena marcha del proceso electoral, no. Hablo de un tribunal con capacidad jurídica y poder condenatorio, para encerrar en la cárcel a los políticos que no cumplan el contrato electoral que firman con los ciudadanos en sus programas de gobierno, engañando a los votantes con el fin de ganar su voluntad, y hasta luego Lucas.

Hoy que los torpedos van dirigidos a la línea de flotación del fraude fiscal, envío mi particular obús al corazón del impune fraude electoral que tanto hace reír a los políticos y llorar a los votantes, pidiendo la creación urgente de un Tribunal Electoral que juzgue el engaño masivo cometido desde las tribunas políticas propagandísticas, porque los ciudadanos no merecemos tanto desprecio personal, subestimación de derechos, insulto político, agravio a la dignidad ciudadana y ultraje al sentido común.

INDULTOS QUE NO MERECEN INDULTO

INDULTOS QUE NO MERECEN INDULTO

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El indulto en España es medida de gracia excepcional que remite total o parcialmente las penas a los condenados en sentencia firma, siendo otorgada por el rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, que se remonta a Ley de 1870 y consolida en 1988.

Hasta aquí, la parte visible del iceberg, porque la zona oculta revela que no se trata de una medida excepcional que suceda en contadas y justificadas ocasiones, sino de una norma de conducta de todos los gobiernos, abusiva y arbitraria, empleada en muchas ocasiones para anular condenas judiciales a miembros del partido gobernante o a relevantes personajes sociales, que nada tienen que ver con las razones humanitarias y rehabilitadoras que pide la ley, porque el indulto no necesita justificación ni consulta al tribunal que condenó.

De esta forma, a propuesta de sus ministros de Justicia, Suárez concedió 410 indultos; Calvo Sotelo 878; Felipe González 5.944, incluido el golpista Armada; Aznar 5.948, con los galeros reservados Barrionuevo y Vera; Zapatero 3378, con el bancolero Sáenz a la cabeza. Y, junto a ellos, cientos de traficantes de drogas, conductores suicidas y mossos torturadores, indultados por Rajoy, denunciando doscientos jueces los indultos en un manifiesto que firmaron contra “una decisión política indigna que supone un atentado contra la independencia de la justicia, impropia de un sistema democrático de derecho”, a la espera de lo que suceda con el delincuente Fabra que lleva años riéndose de la justicia y del pueblo.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto una alegría indultadora, necesitada de inmediata rectificación legal para que los jueces que sentencien se pronuncien sobre los indultos previstos, el gobierno de turno dé explicaciones al pueblo y los ciudadanos muestren su grado de aceptación o rechazo a tal medida de gracia, para cortar de raíz ese apéndice del pulpo político cuyos tentáculos llegan a todos los rincones institucionales.

JUSTICIA, BIENESTAR Y PAZ

JUSTICIA, BIENESTAR Y PAZ

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El superjefe de la justicia española ha dicho en la homilía dominical pronunciada ayer con motivo de celebrarse el 200 aniversario del alto Tribunal que preside, que desea “una sociedad de justicia, de bienestar y de paz que sea el reino del futuro”. Yo también lo deseo, sabiendo que será difícil llegar a ella con personajes como el predicador de tal anhelo.

Yo también deseo una sociedad de justicia donde la ética y la ley vayan de la mano, sin que ésta última abra rendijas por donde puedan escaparse quienes abusan de inmorales principios éticos y religiosos no contemplados en las leyes, haciendo del sillón negocio con los “amiguitos del alma” como hizo el valenciano o de su toga un sayo con íntimos guardaespaldas, como hace el malagueño.

Yo también deseo una sociedad de bienestar, pero de bienestar para todos los ciudadanos, no sólo para aquellos que tienen el privilegio de gastar fondos públicos a su antojo en lujosos hoteles y selectas zonas de recreo, sin necesidad de dar cuentas a nadie, porque la ley abre una vía de agua por donde se destila la impunidad de los beneficiados.

Yo también deseo una sociedad en paz, donde reine la solidaridad, y el sacrificio por la supervivencia del vecino sea norma de conducta, por lejos que éste viva de nosotros. Una sociedad donde los golpes de pecho en las iglesias sean un símbolo real de compromiso por la liberación de la pobreza y no el somnífero que adormece preceptos evangélicos y pervierte la doctrina que dicen practicar quienes dan ejemplo de compromiso anticristiano.

CIERTO OLOR A PODRIDO

CIERTO OLOR A PODRIDO

Con este título no me refiero a la novela de Martín Vigil, sino a ciertos hedores altamente desagradables y penetrantes provenientes de cadáveres o de frituras de honor en togas, con aceite desnaturalizado de colza.

Días atrás pensaba que algo debía estar boca abajo en la justicia española cuando se procesaba a un juez en contra de la opinión del fiscal que pedía la absolución y con la oposición de prestigiosas organizaciones mundiales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que estuvieron presentes en el juicio como observadoras.

Comenzaba a llegarme un cierto olor a podrido al  ver en el banquillo a un juez en contra de la doctrina “Botín” del propio Tribunal Supremo que impide abrir juicio oral a instancias solamente de la acusación popular.

El sentido común me prevenía de algo perverso circulando por los despachos supremos al enterarme que el tribunal no había admitido la declaración de los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón; ni la comparecencia de la fiscal del Tribunal Penal Internacional; ni la presencia en el estrado del juez que proceso a Pinochet; ni estuvo dispuesto a escuchar al magistrado argentino que anuló la Ley de Punto Final y Obediencia Debida.

Pero la confirmación a mis dudas llegó ayer de la mano del mismo tribunal que ha expulsado a Garzón de la carrera judicial, archivando la causa contra él por los cursos en Nueva York, cuando la maquinaría estaba ya en marcha. Repentina actitud, contraria a la posición mantenida por el magistrado instructor del caso, entendiendo Marchena que el delito de cohecho impropio que le imputaba – hasta ayer, ojo – había prescrito.

A estas alturas de la película se dan cuenta que la querella presentada por Panea y Mazón el 12 de junio de 2009 había prescrito. ¿Cómo es posible que unos magistrados tan honrados, experimentados, informados, sabios, respetados y poderosos, no hayan advertido hasta hace veinticuatro horas tal situación, si el proceso llevaba ¡tres años! abierto?

Tampoco ha colaborado a la buena marcha del negocio la traición subconsciente sufrida por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, declarando que no todos los imputados son iguales, con la que está cayendo. Después aclaró el lapsus diciendo que dijo lo que no quería decir, pero quedó dicho, aunque echara la culpa al personal diciendo que no se le había comprendido.

Sus señorías comprenderán que muchos ciudadanos no entendamos nada de lo que sucede y que no nos creamos tantos hechos sin sospechar una segunda verdad, salvo que se nos expliquen mejor las cosas para iluminar nuestra ignorancia judicial, porque las encuestas sociales rechazan mayoritariamente algunas sentencias y prestigiosos juristas están en desacuerdo con ellas.

ANULACIÓN DE SENTENCIA

ANULACIÓN DE SENTENCIA

He leído con atención el texto manuscrito de 16 folios correspondiente al acta del jurado en el que se declara inocente a Francisco Camps por cinco votos contra cuatro y he quedado estupefacto con la lectura del escrito.

La escritura iletrada, la torpe caligrafía, la carencia de horizontalidad en los renglones, la dispersión de signos de puntuación, la defectuosa redacción, la ofuscación conceptual y las faltas de ortografía, evidencian un analfabetismo en los nueve miembros que firman el escrito, digna de formar parte del libro Guinness de records anticulturales.

Espantado ante lo que terminaba de leer me fui directo a la Ley del Tribunal del Jurado para informarme de los requisitos exigidos a los miembros y la forma de nombrarlos, comprobando en su Art. 2 .1 que el jurado se compone de nueve miembros y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. Y su Art. 8 informa que para ser jurado se necesita, entre otras cosas, saber leer y escribir.

Bien, pues dos reflexiones:

1ª. Pedir sanción para el Magistrado presidente del Jurado por permitir que semejante bazofia literaria saliera de la reunión.

2ª. Anular la sentencia porque los miembros del jurado no cumplían el requisito de saber leer y escribir.

Pasan de 40 las faltas de ortografía. Los signos de puntuación se han tirado sobre el texto desde la ventana de la ignorancia. La redacción sonroja a los ornitorrincos. Las frases patean la gramática. Y los conceptos han puesto vertical el horizonte.

En mi larguísima vida de profesor jamás vi cosa igual, ni tanto me he horrorizado. Un profundo escalofrío ha recorrido mi médula espinal al pensar que el destino de muchas personas puede depender de nueve analfabetos funcionales apoyados por un tribunal que acepta gustosamente un acta cuyo destino es el estercolero y la anulación del juicio por incumplimiento de los requisitos exigidos a los miembros del jurado.