El indulto en España es medida de gracia excepcional que remite total o parcialmente las penas a los condenados en sentencia firma, siendo otorgada por el rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, que se remonta a Ley de 1870 y consolida en 1988.

Hasta aquí, la parte visible del iceberg, porque la zona oculta revela que no se trata de una medida excepcional que suceda en contadas y justificadas ocasiones, sino de una norma de conducta de todos los gobiernos, abusiva y arbitraria, empleada en muchas ocasiones para anular condenas judiciales a miembros del partido gobernante o a relevantes personajes sociales, que nada tienen que ver con las razones humanitarias y rehabilitadoras que pide la ley, porque el indulto no necesita justificación ni consulta al tribunal que condenó.

De esta forma, a propuesta de sus ministros de Justicia, Suárez concedió 410 indultos; Calvo Sotelo 878; Felipe González 5.944, incluido el golpista Armada; Aznar 5.948, con los galeros reservados Barrionuevo y Vera; Zapatero 3378, con el bancolero Sáenz a la cabeza. Y, junto a ellos, cientos de traficantes de drogas, conductores suicidas y mossos torturadores, indultados por Rajoy, denunciando doscientos jueces los indultos en un manifiesto que firmaron contra “una decisión política indigna que supone un atentado contra la independencia de la justicia, impropia de un sistema democrático de derecho”, a la espera de lo que suceda con el delincuente Fabra que lleva años riéndose de la justicia y del pueblo.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto una alegría indultadora, necesitada de inmediata rectificación legal para que los jueces que sentencien se pronuncien sobre los indultos previstos, el gobierno de turno dé explicaciones al pueblo y los ciudadanos muestren su grado de aceptación o rechazo a tal medida de gracia, para cortar de raíz ese apéndice del pulpo político cuyos tentáculos llegan a todos los rincones institucionales.