JUSTA JUSTICIA, PERO QUEREMOS MÁS
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha anulado la sanción de cinco días sin empleo ni sueldo que el alcalde Gallardón impuso al policía municipal Javier Roca Sierra, por manifestar públicamente su indignación con los “indignados” en la Puerta del Sol hace un año, entendiendo el magistrado que con ese castigo se vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión, censurando al mismo tiempo que se utilice el régimen disciplinario para sancionar libertades públicas.
Ahora falta que otro juez condene a la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, por amenazar a Facua-Consumidores en Acción con retirarle las subvenciones que recibe, si vuelve a criticar al Gobierno por los recortes en Sanidad y Educación que están pulverizando a los consumidores. Amenaza y chantaje ministerial injusto y discriminatorio sobre el que debe pronunciarse la justicia.
Con semejante actitud se pretende igualmente conculcar un derecho constitucional básico que los jueces tienen la obligación de evitar, si queremos que los pequeños restos que aún quedan de democracia, desaparezcan en el país.
No es de recibo que la Iglesia, la popular FAES y otras organizaciones, haya criticado duramente algunas leyes y decretos, promoviendo incluso manifestaciones contra las decisiones gubernamentales, sin recibir castigo alguno, y ahora se niegue el pan, el agua y la sal, a los que alzan la voz a favor de la población, porque en este país todos somos consumidores, incluso de paciencia, aunque ya nos quede poca en la despensa de la resignación.
