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Etiqueta: CGPJ

ROBAGALLINAS

ROBAGALLINAS

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La máxima autoridad judicial del país, don Carlos Lesmes, que preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, ha manifestado hace unos días que la Ley de Enjuiciamiento Criminal está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador», lo que supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.

Quienes siguen este blog habrán comprobado las muchas ocasiones que he depositado mi confianza en los jueces, como únicos ciudadanos que pueden limpiar la mierda que nos invade, pero las palabras de Lesmes me han devuelto a la indeseable realidad de quienes me han llevado la contraria, porque sin leyes adecuadas ni recursos, los jueces tienen poco de hacer por la regeneración democrática del país.

El mandamás de la justicia se limita a constatar una lamentable realidad, pero evita decir qué acciones ha emprendido el jefe nacional de las togas para corregir la situación, ni si va a dimitir de su cargo ya que las leyes vigentes no le permiten aplicar la justicia en los términos que expresa con su denuncia.

Robagallinas es término que no figura en el diccionario de la Academia, pero que todos los ciudadanos del mundo entienden, sin necesidad de aclaraciones complementarias, aunque convenga poner de manifiesto la diferencia entre el robagallinas de los corrales que distrae un pollo para comer y el ladrón de guante blanco que vacía el gallinero ajeno sin moverse del despacho ni ensuciarse las manos.

Constatar el incumplimiento sistemático del artículo 14 de la Constitución al tiempo que la mayor Institución del Estado proclama su cumplimiento, produce una mezcla de ira y decepción difícil de explicar, al comprobar que la cuenta corriente marca la diferencia y pone límites a una justicia que debería ser igual para todos.

¿COBRADORES DEL FRAC? NO, GRACIAS

¿COBRADORES DEL FRAC? NO, GRACIAS

Algo empieza a moverse en el único poder del Estado que es profesional, apolítico e independiente, porque los otros dos poderes van sobrados de contaminación de política, incompetencia y servilismo.

Son los jueces quienes están dejando oír su voz en esta crisis, convirtiéndose en nuestra única esperanza de redención, porque sólo sus sentencias pueden limpiar el país de corruptos, mangantes, tramposos, cínicos y estraperlistas.

Reunidos ayer en Barcelona los 46 jueces decanos, no se conformaron con apoyar incondicionalmente el informe antidesahucios elaborado por el grupo de trabajo designado por el CGPJ, sino que dieron un paso más poniendo sobre la mesa social el primer brote verde real negándose a ser “cobradores del frac”, es decir, matones descarados al servicio del poder ejecutivo para hacer la tarea sucia a los usureros, ante la pasividad del poder legislativo.

Gracias señorías por su señorío, en nombre de los miles de desahuciados que están asomados a los balcones de sus casas a la espera del ángel exterminador para arrojarse contra el asfalto. Y gracias en nombre de la sociedad por su ejemplo de honestidad, valentía, solidaridad y dignidad.

Sólo queda pedir a Pablo Ruz, juez instructor del caso Gürtel; a  José Castro, responsable de investigar las andanzas del yernísimo; a Fernando Andreu, indagador de los trapicheos de Bankia, y a todos los jueces que tienen entre sus manos los casos de corrupción, que cierren bien todas las rendijas legales para que no escapen de la trena los mangantes, porque ese puede ser el primer paso de la regeneración ética que necesitamos, para que este país abandone de una vez la impunidad donde se refugian los sinvergüenzas de guante blanco.

DENUNCIA AL JUEZ PEDRAZ

DENUNCIA AL JUEZ PEDRAZ

El mismo sindicato que se tiró a la yugular del juez Garzón, ha desplegado la artillería legal contra su amigo Santiago Pedraz, denunciándole ante el Consejo General del Poder Judicial por haber cometido presuntas faltas graves en su Auto de sobreseimiento de las acusaciones policiales contra los cabecillas de las manifestaciones frente al Congreso.

Entienden los denunciantes que el juez ha ido más allá de lo permitido en un Auto judicial, escribiendo inadmisibles comentarios sobre políticos y policías. Bien por los sindicalistas. Estoy de acuerdo con ellos y apoyo su denuncia, porque basta ya de rojerío progresista que pretende decolorar el tradicional azulón de la judicatura.

Efectivamente, la afirmación del juez sobre la clase política calificándola como “decadente” representa una grave e inmerecida valoración de la misma, rechazada por la inmensa mayoría de la población que considera ejemplar el comportamiento de la “casta”, y así la valora en las encuestas del CIS, poniéndola a la cabeza en los baremos de las mayores preocupaciones ciudadanas, por su destacada honradez, capacidad de trabajo, vocación de servicio, demostrada competencia, generosidad sin límites, escaso salario y carencia de privilegios.

Se excede igualmente el juez en el Auto, al decir que la policía se extralimitó en sus funciones, porque determinados miembros de los cuerpos de seguridad están autorizados por ley a invadir estaciones cuando se les antoje, golpear indiscriminadamente a los ciudadanos que esperan trenes en los andenes, romper tabiques nasales a sospechosos, maltratar a quienes ya están reducidos y arrastrar ancianos por el suelo.

Comete una grave ofensa el juez al decir que la policía exageró el delito en el atestado, porque la determinación de los manifestantes estaba clara: asaltar el Congreso como hizo Tejero, dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Bastaba con ver las guillotinas portátiles que portaba cada manifestante, y el rechazo popular que tuvieron de la ciudadanía, pues la inmensa mayoría de españoles no acudimos a la manifestación madrileña porque estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno, como tan sabiamente dijo el presidente del mismo.

Dicho esto, sólo cabe esperar que la sensatez de los miembros del Consejo les conmine a rechazar la denuncia, porque el sentido común es algo muy necesario cuando los cambios de presión política y temperatura mercantil modifican las variables termodinámicas sociales, provocando agitación en las partículas del recinto por elevación de la temperatura financiera.

SARCASMO JUDICIAL

SARCASMO JUDICIAL

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No encuentro mejor palabra que sarcasmo para definir la situación que está pasando el juez Baltasar Garzón con los procesos judiciales en curso, que pueden otorgarle el detestable honor de ser el primer condenado por el caso Gürtel y la última víctima del franquismo. Tiene gracia.

Podrá parecer bien o mal el juego político seguido por el magistrado subiéndose al segundo peldaño de la escalinata socialista. Desagradará a muchos su protagonismo y afán de notoriedad.  Celará su estrellato a otros. Molestará la prepotencia de sus gestos aunque él se declare tímido enfermizo. Vale. Pero acusar al juez Garzón de prevaricación, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta, me parece un sarcasmo.

Puedo aceptar incluso que se equivocara en su trabajo y mereciera una amonestación o la anulación de sus actuaciones por parte del CGPJ, pero acusarle de prevaricación me parece una burla sangrienta a la justicia, a la ley, a toda la escala judicial, a la población y al propio magistrado.

La mordacidad con que se está maltratando de palabra, obra y omisión a este asesor del Tribunal Penal Internacional, Consultor de la OEA y miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, desconcierta incluso a los amigos hispanófilos de diferentes nacionalidades, que me preguntan por el caso, diciéndome que no entienden nada.

¿Cómo explicarles las acusaciones a un juez por ordenar escuchas telefónicas entre abogados y encausados en el putrefacto caso Gürtel argumentando que  laminaba el derecho de defensa, cuando se pretendía evitar el blanqueo de 20 millones de euros, que el propio fiscal aprueba pidiendo la absolución del acusado?

¿Cómo explicarles que está siendo enjuiciado el magistrado Garzón por pretender esclarecer el origen y causas de las muertes habidas durante la  guerra civil y el posterior franquismo, calificando el fiscal de insólito el procesamiento, pidiendo la anulación del juicio y la absolución inmediata del encausado?

¿Cómo explicarles que el juez Garzón puede ser condenado por archivar una causa a partir del informe previo positivo del fiscal y la confirmación posterior de la Sala Penal de la Audiencia?

¿Cómo explicarle a estos amigos la corrosiva persecución político-judicial que está sufriendo el primer luchador contra el narcotráfico, el liquidador de los GAL, la mano de hierro con el terrorismo y el acusador de varios criminales contra la Humanidad?

¿Cómo explicarles que quien fue diputado nacional, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Doctor Honoris Causa por veintiuna universidades, y ganador de los premios Christa Leem, Luis Tilve, Brigada Abraham Lincoln, Fundación Puffin, Azucena Villaflor, Valores, Pozo Fortuna, etc., sea un chorizo que burla la justicia y actúa al margen de ella?

¿Cómo explicar a los amigos extranjeros el sabor acre que todo lo que está sucediéndole al juez Garzón me deja en el paladar, viendo rodar por tierra treinta años de impecable carrera judicial y de compromiso con la justicia, simplemente porque los negros tentáculos de la política llegan hasta las togas judiciales ennegreciendo sus puñetas?

¿Cómo evitar esta degradación del Estado democrático, el hachazo a la independencia del poder judicial y el espantoso ridículo mundial que estamos haciendo, si hubiera bastado con anular las pruebas recogidas en las grabaciones o evitar el juicio oral como tantas veces han hecho las autoridades judiciales del Supremo?