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¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

Entre todos los alegatos hechos por los secesionistas, ponemos atención en dos afirmaciones pronunciadas por ellos que rechinan en un Estado Democrático de Derecho, tratando de confundir el sentido común y la lógica natural con sofismas y argumentos falsos o capciosos esgrimidos con la pretensión de hacerse pasar por verdaderos.

Coincidimos plenamente con su afirmación de que votar en un referéndum no es delito, por supuesto, ¡faltaría más!;  por eso no se sienta a nadie en un banquillo por ir a las urnas en un referéndum legalmente convocado, sino todo lo contrario pues el votante merece felicitaciones del sistema democrático. Pero cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional un referéndum, quien lo convoca, apoya, organiza y vota, comete delito de desobediencia grave a la autoridad y a la ley, como le sucede a los dirigentes catalanes procesados, buenos conocedores de la sentencia del Constitucional en claros términos y contundente: “El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”. No hay duda, pues, de la ilegalidad del referéndum promovido por los encausados.

Por otro lado, con persistencia machacona de martillos pilones, los independentistas golpean nuestras mentes con tesón de propaganda goebbeliana diciendo que los procesado son “presos políticos”, sabedores que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad indiscutida, ignorando que en su caso nadie aceptará que los “políticos presos” pasen a ser presos políticos por obra y gracia de la propaganda secesionista.

El juicio a los cabecillas del “procés” con los abogados defensores al ataque político, los compañeros políticos desplegando toda la artillería verbal contra el juicio, el fugado Puigdemont en Berlín olvidando en la rueda de prensa que un Estado de Derecho exige el cumplimiento de las leyes, y los CDRs. vociferando contra el Estado opresor, nos obliga una vez más a diferenciar “político preso” de “preso político”, para confirmar el fracaso en el intento de confusión.

         El preso político es una persona encarcelada por su conciencia e ideas, sin haber cometido delito tipificado en los códigos legales; y estos políticos presos son personas que han ejercido el poder otorgado por las urnas para cometer presuntos delitos penados en tales códigos, considerándose amparados en una impunidad a la que nunca tuvieron derecho, porque el cumplimiento de las leyes también les afecta a ellos, dado que el propio Consejo de Europa estableció en 2012 que solo puede considerarse preso político la persona detenida por razones estrictamente políticas, sin haber cometido delito penal alguno.

Los encausados: Junqueras, Romeva, Forn, Bassa, Rull, Forcadell, Vila, Borrás, Mundó y los tres Jordi´s, no están en el banquillo de acusados por sus ideas políticas, ni por sus manifestaciones independentistas, no. Están siendo juzgados por haber cometido presuntamente graves delitos como rebelión, sedición, prevaricación, violación de leyes y desobediencia a mandatos constitucionales, según la instrucción del caso.

Estos doce políticos y los exiliados: Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel se habían acostumbrado a convertir en sayos personales las leyes vigentes con escandalosa impunidad, como pudo verse el 27 de octubre de 2017, para conseguir la secesión catalana en contra del ordenamiento jurídico vigente, despreciando a la mitad de sus vecinos y usurpando la soberanía nacional, con su declaración unilateral de independencia.

Declaración que ponía en vigor la esperpéntica Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, iniciándose con ello un frustrado proceso constituyente, democrático, transversal, vinculante, ciudadano y participativo, aunque la mitad de los ciudadanos catalanes no participaran de tal república catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre de 2017, a pesar de que Puigdemont declarase ante un Parlamento Catalán asumir el mandato de convertir Cataluña en un Estado independiente en forma de república.

Es decir, los doce procesados son políticos presos y no presos políticos, como ya dijo el jueves 9 de noviembre de 2017 Amnistía Internacional, declarando que los acusados no eran presos de conciencia.

Ahora solo cabe esperar que el tribunal que los juzga respete plenamente el derecho de los procesados a tener un juicio con todas las garantías legales, respetando los derechos que les asisten.

Si al final quedan absueltos por el tribunal de los delitos imputados, aceptaremos que fueron encarcelados y procesados por su condición política al sentenciarse que no cometieron delito alguno, y la democracia tendrá que devolverles el honor y la dignidad que la instrucción del proceso les ha hurtado. Pero si son condenados, quedará confirmado lo que piensa mi panadera.

QUE HABLEN LOS CORRUPTORES Y EXTORSIONADOS

QUE HABLEN LOS CORRUPTORES Y EXTORSIONADOS

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La negativa de muchos políticos a confesar haber recibido dinero y regalos a cambio de recalificaciones, trampas administrativas y favores personales, delata su patológico cinismo y afianza la certeza ciudadana en el pringue, por muy ceremoniales, honorables y dignos que se pongan los pringaos, sin percibir que su mentira tiene el antídoto de la verdad que deben contar los corruptores y quienes consintieron la extorsión.

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles, tienen que descubrir un elixir de la verdad y dárselo a beber a todos los “amiguitos del alma” y “bombones” que andan sueltos por ahí, para que canten por martinetes todo el “martín-martín” que han llevado en bolsas de basura a los despachos, dando también nombres y apellidos de los receptores, como ha hecho el empresario zamorano Perelló.

Hablo de tribunales de justicia y fuerzas de seguridad porque solo en ellos confío para limpiar toda la mierda almacenada bajo muchas alfombras institucionales, pisadas inmerecidamente por estafadores que han engañado al pueblo con promesas de servicio público, cuando solo pretendían enriquecerse con el sudor ajeno.

Es hora de que hablen quienes todo lo saben. La sociedad pide que los corruptores y extorsionados descubran los rostros de los corruptos, porque quienes pusieron los platos de lentejas en los pesebres oficiales para comprar primogenituras o aceptaron chantajes, pueden salvarnos de los sinvergüenzas que volverán a estar en las listas electorales si antes no son señalados con el dedo, sentados en un banquillo y encerrados en cárceles.

Delatando a los tramposos, los denunciantes merecerán indultos y rebaja de penas, porque los ciudadanos pondremos nuestros ojos en los trileros, sin fijarnos en los “ganchos” que propusieron las trampas o consintieron los chantajes.

RATEROS RATO S.L.

RATEROS RATO S.L.

La valentía ejemplar exhibida por el magistrado Andreu puede jugarle una mala pasada si se despista en su pretensión de sentar en el banquillo a una persona tan honrada como don Rodrigo Rato, si hacemos caso al sabio refranero español  cuando nos advierte que “quien a los suyos se parece, honra merece”, y Rato se parece mucho, pero que mucho, a los suyos, es decir, a los rateros que le precedieron en la dinastía que él ahora encabeza.

Si parecerse a padre, hermano y tío es garantía de honradez, Rato es muy honrado,  porque es difícil encontrar mayor aval de esa virtud que el mostrado por Rodrigo en la imitación de los gloriosos y honestos comportamientos de sus familiares más cercanos. Por eso el juez don Fernando debe andarse con cuidado en sus actuaciones, pues en el Auto llama a declarar como imputado a una persona muy honrada, según el refranero.

Sí, porque el millonario padre-patrón de Rato, es decir, Ramón, fue condenado en 1967 por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, a tres años de cárcel en Carabanchel y dos multas de 176 millones de pesetas por evadir dinero y quebrar dos bancos. ¡Qué perla de hombre!  Y después, su hermano Ramón y su tío Faustino también fueron condenados a dos años de prisión y 44 millones de pesetas de multa. ¡De casta le viene al galgo!

A nadie extraña el empeño social en desacreditar al ratero que en tiempos de bonanza económica mundial estuvo al frente de los euros públicos. Muchos  recuerdan su salida por la puerta de atrás del FMI. Y todos condenamos su gran mentira con las cuentas de la “primera banca española”, mientras tocaba la campanilla en la Bolsa.

Pobre hombre y pobres aplauseros populares que ahora se esconden fingiendo no conocer al falso hombre milagro, mito de cartón en época de prosperidad.

Del tío-abuelo, la criada-monja, la hija robada y otras pequeñas cosas, ya hablaremos porque tenemos saga de Rodrigo para rato.

CIERTO OLOR A PODRIDO

CIERTO OLOR A PODRIDO

Con este título no me refiero a la novela de Martín Vigil, sino a ciertos hedores altamente desagradables y penetrantes provenientes de cadáveres o de frituras de honor en togas, con aceite desnaturalizado de colza.

Días atrás pensaba que algo debía estar boca abajo en la justicia española cuando se procesaba a un juez en contra de la opinión del fiscal que pedía la absolución y con la oposición de prestigiosas organizaciones mundiales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que estuvieron presentes en el juicio como observadoras.

Comenzaba a llegarme un cierto olor a podrido al  ver en el banquillo a un juez en contra de la doctrina “Botín” del propio Tribunal Supremo que impide abrir juicio oral a instancias solamente de la acusación popular.

El sentido común me prevenía de algo perverso circulando por los despachos supremos al enterarme que el tribunal no había admitido la declaración de los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón; ni la comparecencia de la fiscal del Tribunal Penal Internacional; ni la presencia en el estrado del juez que proceso a Pinochet; ni estuvo dispuesto a escuchar al magistrado argentino que anuló la Ley de Punto Final y Obediencia Debida.

Pero la confirmación a mis dudas llegó ayer de la mano del mismo tribunal que ha expulsado a Garzón de la carrera judicial, archivando la causa contra él por los cursos en Nueva York, cuando la maquinaría estaba ya en marcha. Repentina actitud, contraria a la posición mantenida por el magistrado instructor del caso, entendiendo Marchena que el delito de cohecho impropio que le imputaba – hasta ayer, ojo – había prescrito.

A estas alturas de la película se dan cuenta que la querella presentada por Panea y Mazón el 12 de junio de 2009 había prescrito. ¿Cómo es posible que unos magistrados tan honrados, experimentados, informados, sabios, respetados y poderosos, no hayan advertido hasta hace veinticuatro horas tal situación, si el proceso llevaba ¡tres años! abierto?

Tampoco ha colaborado a la buena marcha del negocio la traición subconsciente sufrida por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, declarando que no todos los imputados son iguales, con la que está cayendo. Después aclaró el lapsus diciendo que dijo lo que no quería decir, pero quedó dicho, aunque echara la culpa al personal diciendo que no se le había comprendido.

Sus señorías comprenderán que muchos ciudadanos no entendamos nada de lo que sucede y que no nos creamos tantos hechos sin sospechar una segunda verdad, salvo que se nos expliquen mejor las cosas para iluminar nuestra ignorancia judicial, porque las encuestas sociales rechazan mayoritariamente algunas sentencias y prestigiosos juristas están en desacuerdo con ellas.