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Hoy se cumple ochenta y dos años de la proclamación de la 2ª República Española, y es bueno recordar que fue Unamuno quien proclamó la República en Salamanca desde el balcón del Ayuntamiento, aquella lejana tarde del 14 de abril de 1931, antes de ser nombrado alcalde honorario a perpetuidad del concejo salmantino.
Advertimos, a quien no lo sepa, que la República trajo la modernidad social a España, impulsó económicamente el país y promovió la cultura por encima de otros países europeos, hasta el punto de alcanzar la literatura y el arte niveles que permitieron hablar de la segunda Edad de Oro de la cultura hispánica, con Picasso, Unamuno, Ortega, Madariaga, Lorca, Pidal, Machado y tantos otros intelectuales y artistas que engrandecieron la patria.
La República consagró el sufragio universal, liberó a las mujeres de cadenas seculares, estableció las Cortes unicamerales, instauró el Tribunal de Garantías Constitucionales, promovió los jurados populares, reforzó el referéndum, reorganizó territorialmente el Estado reduciendo el centralismo, incorporó el derecho al trabajo, la protección de la familia, de los ancianos, los enfermos y la infancia, formalizó el divorcio, estableció la absoluta laicidad y aconfesionalidad del Estado, suprimiendo los beneficios estatales de las distintas religiones.
Si ponemos el acento en la educación, baste decir que sólo en 1931 se crearon más de 7.000 nuevas escuelas en un país con atroces desigualdades sociales, cuyo analfabetismo rondaba el 38%. Y lo que es más importante para nuestros desahuciados, “preferenciados”, parados, hambrientos, explotados, empobrecidos y estafados ciudadanos: subordinó la propiedad privada a los intereses ciudadanos.
Todo esto, y más, fue la República, y no lo que en las escuelas contó el anterior régimen y repiten sus herederos, empeñados en asociar República con guerra, izquierda revolucionaria, vandalismo, desorden y barbarie, cuando se trata simplemente de una forma de organizar el Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, eludiendo privilegios hereditarios propios de tribus infantiles y desvalidas, incapaces de moderarse porque la cultura les falta y les sobra inmadurez.
Anticipémonos, pues, al tiempo y evitemos que las generaciones futuras nos reprochen consentir que la máxima autoridad del Estado sea hereditaria, eterna, inviolable e irresponsable, como disponen los artículos 56 y 57 de nuestra Constitución, porque ya en 1931 la Constitución republicana establecía en sus artículos 71, 82 y 85 que el mandato del Jefe del Estado fuera por seis años solamente, que podría ser destituido si hacía lo que no debía y que era criminalmente responsable de sus obligaciones, anticipando que una ley de carácter constitucional determinaría el procedimiento a seguir para demandar la responsabilidad criminal del Presidente de la República.
