Un Estado de Derecho lo es cuando se rige por un sistema legal ordenado en torno a la Constitución, sometiendo todas las acciones a normas jurídicas. Por eso, no queremos un Estado de Derecho torcido, sino un Estado de Derecho recto donde impere la ley, domine la transparencia, mantenga su venda la justicia, se confirme la predictibilidad, haya condena para los malhechores, quede protegida la dignidad y se evite la discriminación.

Es decir, un Estado de Derecho donde la realeza, el Gobierno y los líderes sean públicamente responsables ante la ley, no haya normas añejas y oscuras, estén protegidos los derechos ciudadanos básicos y se garantice el acceso a la justicia, siendo ésta igual para todos los ciudadanos, e independiente.

Cuando los políticos pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagulas iniciativas ciudadanas, entonces apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y esquivan con maniobras de prestidigitación política, apoyados por sus afines.

Pero todos ellos deben saber que no hay Estado de Derecho en un país donde la justicia juega al escondite, dejándose ver ante ladrones de gallinas y ocultándose cuando pasan ante ella infantas, banqueros, políticos y millonetis.

No hay Estado de Derecho en un país que predica en tribunas y tribunales una justicia igualitaria para todos los ciudadanos, y practica en las instrucciones judiciales y banquillos de acusados, actitudes contrarias a sus sermones.

No hay Estado de Derecho en un país con fiscalías sometidas al poder político, que nombra al Fiscal General y designa el consejo que gobierna las togas, impone sanciones a los jueces y dicta mandatos.

No hay Estado de Derecho en un país donde sus ciudadanos no comprenden algunas sentencias judiciales que provocan escándalo público y originan bloqueos indignados en las redes de comunicación social

No hay Estado de Derecho en un país con leyes rechazadas por ciudadanos y juristas, como la que facilita injustos desahucios o la del indulto discrecional del Gobierno sin motivar ni justificar las razones del favor otorgado.

No hay Estado de Derecho en un país donde millonarias iniciativas ciudadanas rebotan contra las antidemocráticas paredes del Congreso, apelando a una cuatreña jornada electoral que autoriza usurpar la voluntad popular.