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EVIDENCIAS Y PRUEBAS

EVIDENCIAS Y PRUEBAS

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Todos los mortales, salvo los jueces, sentenciamos sin temor a equivocarnos que un líquido blanco embotellado dentro de una vasija, es leche fija. No necesitamos más pruebas, ni controles, análisis o reconocimientos, para tener certeza absoluta sobre el contenido del recipiente.

Los jueces, no. Bueno, sí; pero para dictar sentencias condenatorias necesitan pruebas delictivas que el sentido común de los ciudadanos pasamos por alto, porque nos rendimos a la evidencia de unas circunstancias concluyentes para profanos y lerdos en Derecho, aunque sepamos los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos, incluso a los delincuentes.

Es decir, que los jueces no pueden condenar a nadie si carecen de las pruebas que acrediten el delito. Esto es así por mucho que nos empeñemos en defender que las infracciones evidentes no necesitan señales y que un juez puede obviar las trampas legales para sancionar fechorías percibidas hasta por el más tonto del vecindario, aunque por esa ventana se escapen muchos delincuentes de guante blanco, ciertos políticos astutos y abundantes cínicos sin escrúpulos.

Esto es algo que sorprende a los ciudadanos, a los animales domésticos, a las plantas silvestres, al empedrado de las calzadas romanas y a las truchas de los ríos, pero también a los propios jueces que ven con frustración conculcados sus propios deseos por la ley que tienen obligación de respetar, aunque algunas veces este respeto les cueste sangre, sudor y lágrimas al redactar sentencias absolutorias a consumados corruptos, defraudadores, evasores, corruptores y tramposos que se les escapan de las manos por rendijas legales abiertas en las leyes que deben aplicar.

GRATUIDAD DEL INSULTO

GRATUIDAD DEL INSULTO

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No sé si carecemos de leyes que sancionen las ofensas, insultos, calumnias y difamaciones públicas; ignoro si los vilipendiados no ponen las denuncias correspondientes; o si los jueces permiten que los ultrajes queden impunes dictando sentencias absolutorias o blandas para los injuriadores, por considerar los agravios como asuntos menores, pero en este país sale muy barato insultar públicamente y denigrar injustamente la dignidad de las personas.

“Difama, que algo queda”, dicen los dominadores de las vejaciones, conscientes que las degradaciones personales que propinan a sus adversarios, calan en el inconsciente colectivo y provocan un rechazo del sujeto escarnecido, aunque lo afirmado no se ajuste a la realidad, permitiendo que el engaño tome carta de veracidad.

Goebbels, el gran propagandista de la Alemania nazi afirmaba que una mentira mil veces repetida llega a convertirse con el tiempo en una verdad indiscutida, olvidándose que esa situación solo se hace realidad en mentes captas, fácilmente manipulables por la publicidad embaucadora de quienes lavan cerebros blancos carentes de sustancia gris.

No me refiero solamente a los insultos verbales, también deben sancionarse a las personas que realicen gestos de burla, mofa o desprecio hacia aquellos ciudadanos que los reciben, como es el caso de los “cortes de mangas”, los “calvos”, las “cornamentas” o las «peinetas».

Los insultos públicos gozan de una impunidad insultante que sirve de regocijo a los desaprensivos y falsarios que ejercen tan detestable oficio en las ondas, pantallas, redes sociales y páginas de periódicos, sin que la sociedad reaccione en un Estado de Derecho, que más parece de deshecho por consentir oprobios detestables que merecen castigos ejemplares.

TOGAS ENFRENTADAS

TOGAS ENFRENTADAS

Unknown

Con miedo a errar voy a dar unos pasos por el campo minado de la justicia, sabiendo que una mala pisada puede hacerme saltar por los aires, llevándome el sentimiento de frustración que me embarga viendo la lucha que mantienen las togas judiciales de Castro y las asociaciones de jueces, contra las fiscales de Horrach y Torres Dulce.

El fiscal anticorrupción se ensaña en su recurso contra el juez Castro, y su jefe dice que tiene la obligación de respaldarlo porque ha mantenido siempre el mismo criterio, a diferencia del juez que lo ha modificado, mientras las asociaciones judiciales apoyan al juez Castro y este pide a Horrach que le denuncie por prevaricador.

Eso dicen unos y otros, dándonos a los ciudadanos la oportunidad de opinar lo que pensamos sobre todo ello en foros como este blog donde la libertad de expresión es absoluta, siempre que los insultos no sustituya los argumentos.

Cuando Torres afirma que tiene la obligación de respaldar a Horrach, tal vez sea porque este es la voz de su amo en un oficio jerarquizado y fuertemente politizado, argumentando que la fiscalía siempre mantuvo el mismo criterio, quizás porque desde el comienzo tuvo claro cual debía ser la conclusión, fueran cuales fueran las informaciones recibidas, criticando al juez Castro por su lógico cambio de opinión en vista de las pruebas acusatorias que llegaban progresivamente a su mesa.

La dureza, insultos y descalificaciones personales del recurso fiscal lo invalidan en su propia esencia por carecer de argumentos jurídicos según han declarado las organizaciones judiciales, al tiempo que piden una intervención del Consejo General del Poder Judicial, considerando que el escrito de Horrach se acerca más un libelo que a un recurso.

Enfrentamiento institucional que resulta patético para la ciudadanía, que observa con estupor, espanto y decepción la quiebra de un poder básico del Estado de Derecho, sin que los responsables se den por aludidos ni atiendan el resultados de las encuestas donde se refleja la opinión mayoritaria de los ciudadanos hacia la culpabilidad de la Infanta.

DERECHO A PROTESTAR

DERECHO A PROTESTAR

Unknown

Los intentos del Gobierno por impedir manifestaciones ciudadanas, silenciar protestas públicas y censurar ciertas opiniones vertidas en redes sociales, van por el camino de la represión pura y dura, que tan nefastas consecuencias tiene para represores y reprimidos, como ha demostrado tantas veces la historia a lo largo de los siglos.

Pretender superar un conflicto con leyes opresivas que autoricen detenciones arbitrarias, pelotazos mutilantes y porrazos magullantes, es algo tan inútil como intentar navegar bajo el mar en un submarino descapotable, porque la solución a los problemas no está en el palo limpio, sino en la intervención directa sobre el origen del conflicto, erradicando su causa.

Dado que la disgregación de los trabajadores y la falta de unión ciudadana provoca una sensible desigualdad de fuerzas entre opresores y oprimidos, a los rebeldes no les queda otro recurso que la protesta en forma de pataleo, vociferio, insulto, blasfemia social y palabra injuriosa contra los causantes de la desgracia y el pequeño grupo de estafadores y corruptos beneficiarios de su infortunio.

Cuando se ha perdido el trabajo y el sueldo en la maleza de recortes y guadañazos legalmente limpios y humanamente insolidarios, al mutilado apenas le queda su voz para gritar, y nadie puede quitarle el derecho a desgañitarse clamando justicia social en las pancartas y redes sociales.

Quien carece de mendrugos para llevarse a la boca reseca, está indultado por el séptimo mandamiento. Para quien pierde injustamente lo que es suyo, la lucha es inevitable. Cuando se desgarran los ojos de dolor y el llanto se hace sangre, la violencia sustituye a las palabras, por mucho que los privilegiados se rasguen las vestiduras y proclamen el Estado de Derecho que solo les protege a ellos.

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS


Unknown

Un Estado de Derecho lo es cuando se rige por un sistema legal ordenado en torno a la Constitución, sometiendo todas las acciones a normas jurídicas. Por eso, no queremos un Estado de Derecho torcido, sino un Estado de Derecho recto donde impere la ley, domine la transparencia, mantenga su venda la justicia, se confirme la predictibilidad, haya condena para los malhechores, quede protegida la dignidad y se evite la discriminación.

Es decir, un Estado de Derecho donde la realeza, el Gobierno y los líderes sean públicamente responsables ante la ley, no haya normas añejas y oscuras, estén protegidos los derechos ciudadanos básicos y se garantice el acceso a la justicia, siendo ésta igual para todos los ciudadanos, e independiente.

Cuando los políticos pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagulas iniciativas ciudadanas, entonces apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y esquivan con maniobras de prestidigitación política, apoyados por sus afines.

Pero todos ellos deben saber que no hay Estado de Derecho en un país donde la justicia juega al escondite, dejándose ver ante ladrones de gallinas y ocultándose cuando pasan ante ella infantas, banqueros, políticos y millonetis.

No hay Estado de Derecho en un país que predica en tribunas y tribunales una justicia igualitaria para todos los ciudadanos, y practica en las instrucciones judiciales y banquillos de acusados, actitudes contrarias a sus sermones.

No hay Estado de Derecho en un país con fiscalías sometidas al poder político, que nombra al Fiscal General y designa el consejo que gobierna las togas, impone sanciones a los jueces y dicta mandatos.

No hay Estado de Derecho en un país donde sus ciudadanos no comprenden algunas sentencias judiciales que provocan escándalo público y originan bloqueos indignados en las redes de comunicación social

No hay Estado de Derecho en un país con leyes rechazadas por ciudadanos y juristas, como la que facilita injustos desahucios o la del indulto discrecional del Gobierno sin motivar ni justificar las razones del favor otorgado.

No hay Estado de Derecho en un país donde millonarias iniciativas ciudadanas rebotan contra las antidemocráticas paredes del Congreso, apelando a una cuatreña jornada electoral que autoriza usurpar la voluntad popular.

DE LA CONTRADICCIÓN A LA INSUMISIÓN

DE LA CONTRADICCIÓN A LA INSUMISIÓN

Llevo tiempo anunciando lo inevitable y mis palabras rebotan en las puertas de los despachos destinatarios de las mismas. He hablado sobre la necesidad de ejemplificar los sacrificios para evitar la rebeldía del pueblo, pero los políticos no se dan por enterados. He anticipado agresiones a dirigentes sociales, pero los cargos públicos mantienen tapones en los oídos. Incluso he prevenido sobre el riesgo de tomar medidas demagógicas que sólo consiguen irritar a la población.

Pero en lo que más he insistido ante el desmadre gubernamental, es en el riesgo de insumisión ciudadana que puede llevar a la quiebra del Estado de Derecho, porque las vueltas de tuerca al pueblo desde sillones aterciopelados sólo puede conducir a la desobediencia civil y militar.

La contradicción que están viviendo los policías y guardias civiles apaleando a quienes defienden sus derechos, los de esos cuerpos, enviados a reprimirlos por quienes vuelan sobre la tragedia que a ellos amenaza, no puede acabar más que en la insumisión, por mucho que amenacen con medidas disciplinarias y despidos, quienes nunca serán despedidos ni castigados.

Que la desobediencia está llamando a nuestra puerta lo acredita la insumisión de la policía alemana de Frankfurt, quitándose el casco y uniéndose a los manifestantes contra el capitalismo, que tenían orden reprimir.

Y a la insumisión de los cuerpos de seguridad se añadirán el resto de cuerpos de la función pública, hartos de soportar desprecios y recortes por parte de quienes nunca utilizan las tijeras contra ellos mismos.

ESTADO DE DERECHO

ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho se caracteriza por someter todas las acciones políticas, laborales, sociales y personales, a las leyes vigentes, respetando la independencia de los tres poderes del Estado, así como el principio de legalidad y el de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Demasiado hermoso para ser realidad, porque es otra la verdad.

Nadie duda que las leyes sean públicas, estables y defensoras de los derechos ciudadanos. Tampoco puede negarse la legalidad de su aprobación, la honradez con que se administran y su implementación. Lo que no está tan claro es que hayan conseguido plenamente los dignos objetivos que se proponen, a la vista de los resultados obtenidos.

Hay demasiadas vías de agua en las leyes, demasiada ingeniería financiera en las operaciones mercantiles, excesiva ingenuidad en los tribunales de justicia, mucho leguleyo con la toga al hombro, mentiras amañadas para escapar de la justicia, sobrada desvergüenza en los desvergonzados y abundante cemento armado en la cara de los políticos como para que el Estado de Derecho supere al Estado de Corrupción.

A pesar de ello, debemos confiar en los tribunales de justicia y tener con ellos la misma generosidad que Yavé tuvo con Abraham cuando negociaban la salvación de Sodoma, y conformarmos con ver en la cárcel de por vida a diez sinvergüenzas de los que hoy pisan moquetas con el alma corrompida, por muy saneada que tengan su cuenta corriente.