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DESAHUCIO INVERSO

DESAHUCIO INVERSO

Captura de pantalla 2015-02-16 a la(s) 05.57.54El desahucio directo consiste eufemística y académicamente es despedir a un inquilino o arrendatario moroso mediante una acción legal, pero la justicia acaba de mostrarnos que existe también un desahucio inverso, consistente en que los ciudadanos pagan a los políticos el alquiler de una hipotética vivienda que no existe más que en los asientos contables parlamentarios, amparada por la llamada Ley Abusiva de Dietas Inmerecidas, que los altos magistrados han aplicado con argumentos que producen tanta hilaridad como indignación en los ciudadanos que pagan los abusos de sus padres putativos políticos.

Nos llega la desconcertante noticia de que el Tribunal Supremo ha rechazado la querella criminal presentada por Democracia Real Ya contra 63 diputados que cobran dieta de residencia, teniendo vivienda privada o pública que les incapacita para recibir un complemento concedido a quienes carecen de vivienda en Madrid y tienen que dormir en hoteles cuando asisten a las sesiones parlamentarias.

El hecho de que ministros y parlamentarios con vivienda propia en Madrid cobren dietas de alojamiento, no significa que se estén apoderando con ánimo de lucro de dinero público, ni que lo destinen a un fin diferente al asignado, según Alberto Jorge Barreiro, ¡faltaría más!

El espíritu infantil que anida en los ciudadanos nos impide pensar que el dictador del auto haya sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es nombrado por los parlamentarios, eximidos estos de toda responsabilidad por recibir dinero del contribuyente para abonar el alojamiento en su propia casa, legalmente contemplado en la Ley del Desahucio Inverso, impuesta por el magistrado ponente del auto que los indulta, pudiendo gastarse la dieta de alojamiento en “manutención o contactos institucionales”.

AFORADOS

AFORADOS

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Es insultante que quienes dirigen nuestras vidas apelen a la sacrosanta Constitución cuando se trata de mantener sus derechos, obtener protección legal y conservar sus privilegios, olvidándose de ella cuando exige trabajo para los ciudadanos (Art. 35), reclama viviendas para todos los españoles (Art. 47), obliga a mantener calidad sanitaria (Art. 43) o demanda educación generalizada (Art. 27).

El incumplimiento de todo ello explica las barricadas, gritos, pancartas y manifestaciones ciudadanas de todos los colores por la desigualdad jurídica fruto de una injusta discriminación positiva que beneficia a los aforados conculcando el Art. 14 de la Constitución, siendo esto una llamada directa a la rebelión contra un sistema que solo beneficia a la minoría de privilegiados que lo sustentan.

Entre los santones favorecidos por el aforamiento se encuentran: presidente del Gobierno, ministros, presidentes autonómicos, consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, jueces, magistrados y fiscales.

El aforamiento del exrey de España que se une a los diez mil aforados que ya tenemos entre nosotros, obliga a denunciar una situación insostenible de privilegio que mantienen únicamente los favorecidos por ella, alejados de los tribunales ordinarios de justicia donde vamos a parar los cuarenta y siete millones de españoles restantes, reservándose los aforados el favor de ser juzgados por tribunales superiores, controlados y politizados por quienes han de sentarse ante ellos.

Para exigir la desaparición de tal fuero basta apelar al sentido común, sin necesidad de recordar que el Francia hay 36 aforados, en Italia y Portugal solo uno y en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, ninguno. Basta con preguntar las razones por las cuales existen aforados en España para comprender que no están inmaculados, porque si estuvieran limpios renunciarían al aforamiento, en vez de reclamarlo.

¡Ah!, que ningún Pinocho venga a nosotros con la bolonia de que el aforamiento es para evitar presiones políticas sobre los tribunales ordinarios si tuvieran que juzgar a cargos públicos, alegando que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones, porque la carcajada puede hacer eco en el anillo de Saturno.

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS


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Un Estado de Derecho lo es cuando se rige por un sistema legal ordenado en torno a la Constitución, sometiendo todas las acciones a normas jurídicas. Por eso, no queremos un Estado de Derecho torcido, sino un Estado de Derecho recto donde impere la ley, domine la transparencia, mantenga su venda la justicia, se confirme la predictibilidad, haya condena para los malhechores, quede protegida la dignidad y se evite la discriminación.

Es decir, un Estado de Derecho donde la realeza, el Gobierno y los líderes sean públicamente responsables ante la ley, no haya normas añejas y oscuras, estén protegidos los derechos ciudadanos básicos y se garantice el acceso a la justicia, siendo ésta igual para todos los ciudadanos, e independiente.

Cuando los políticos pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagulas iniciativas ciudadanas, entonces apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y esquivan con maniobras de prestidigitación política, apoyados por sus afines.

Pero todos ellos deben saber que no hay Estado de Derecho en un país donde la justicia juega al escondite, dejándose ver ante ladrones de gallinas y ocultándose cuando pasan ante ella infantas, banqueros, políticos y millonetis.

No hay Estado de Derecho en un país que predica en tribunas y tribunales una justicia igualitaria para todos los ciudadanos, y practica en las instrucciones judiciales y banquillos de acusados, actitudes contrarias a sus sermones.

No hay Estado de Derecho en un país con fiscalías sometidas al poder político, que nombra al Fiscal General y designa el consejo que gobierna las togas, impone sanciones a los jueces y dicta mandatos.

No hay Estado de Derecho en un país donde sus ciudadanos no comprenden algunas sentencias judiciales que provocan escándalo público y originan bloqueos indignados en las redes de comunicación social

No hay Estado de Derecho en un país con leyes rechazadas por ciudadanos y juristas, como la que facilita injustos desahucios o la del indulto discrecional del Gobierno sin motivar ni justificar las razones del favor otorgado.

No hay Estado de Derecho en un país donde millonarias iniciativas ciudadanas rebotan contra las antidemocráticas paredes del Congreso, apelando a una cuatreña jornada electoral que autoriza usurpar la voluntad popular.

PATRIOLOGÍA

PATRIOLOGÍA

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La patriología es a la patria, lo mismo que la teología es a Dios, siendo los patriólogos homólogos a los teólogos dedicados a profesar la teología, mientras los patriólogos se ocupan de estudiar la patria, con un patriotismo que les hace ser más patrioteros que patriotas.

De esta manera, la patriología se conforma en pseudociencia con estructura fragmentada, transformando la patria común en cortijo caciquil propiedad de poderosos patriólogos unidos por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, que se han apropiado por usurpación de las diferentes áreas patriológicas.

Así, tenemos la patriología ascética que trata de la unión de los patrioteros con la nación, analizando los vínculos entre ambos y el camino a seguir por los primeros para llevar una placentera vida contemplativa a costa del sudor ajeno.

La patrilogía de la liberación analiza el movimiento ideológico que intenta pervertir las leyes, dándoles un enfoque social, religioso, legal y político, influido por doctrinas emancipadoras de la clase dominante.

La patrilogía dogmática estudia los atributos y condiciones de la patria a la luz de principios revelados por dioses supremos, instalados en poltronas celestiales por quienes se benefician de sus revelaciones divinas.

La patriología mística se refiere a la perfección de la vida nacional en las relaciones más íntimas y profundas que tiene la humana inteligencia con la deidad patrocinada por los autoproclamados profesionales de la virtud.

La patriología moral trata de las aplicaciones utilitaristas de los principios patriológicos básicos en las relaciones sociales y la utilidad derivada de su ejercicio en las diferentes actuaciones ciudadanas.

La patriología natural estudia la patria, sus atributos, perfecciones y carencias a la luz de principios impuestos por razones de dominio, con independencia de las verdades reveladas por la historia humana.

DESOBEDIENCIA CIVIL

DESOBEDIENCIA CIVIL

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La desobediencia civil, consecuencia de la objeción de conciencia, es el rechazo de las personas a cumplir determinadas leyes y órdenes, por considerarlas contrarias a sus convicciones personales forjadas en principios éticos o religiosos. Fundamentos disconformes con exigencias impuestas por leyes y mandatos externos, que determinan la desobediencia civil del objetante, sin cometer delito por someter ordenanzas humanas a dictados naturales de la conciencia.

Eso ha hecho el bombero que ayer se ha negado a cizallar las cadenas de acceso a la vivienda de una anciana de 85 años que iba a ser desahuciada, ante la cara de asombro de los policías y agentes judiciales que reclamaron su presencia, y el aplauso de los ciudadanos solidarios que se oponían al desahucio. Nuevo brote verde de rebeldía e insumisión a órdenes que pretenden malversar la conciencia personal de cada cual,  preludio de próximas desobediencias si las autoridades se empecinan en seguir por el camino que han tomado.

La Constitución recoge en su artículo 30 este derecho ciudadano, pero sólo en el ámbito del servicio militar, olvidando que la conciencia personal va más allá de negarse a disparar balas contra otro ser humano, porque existen otras formas de matar o mutilar al vecino, sin necesidad de pegarle un tiro en el pecho o volatilizarlo de un bombazo.

¿Puede obligarse a un cirujano a dejar abandonado en la puerta del quirófano a un enfermo sin “papeles”? ¿Debe condenarse a un soldado por negarse a cumplir órdenes de matanza opuestas a su conciencia? ¿Merece castigo un bombero por cumplir su código deontológico, desobedeciendo mandatos que considera inmorales?  ¿Puede inhabilitarse a un policía por negarse a golpear ciudadanos que piden pan, trabajo y justicia o apartarle del servicio por disparar al aire pelotas de goma en vez de hacerlo a los ojos de quienes defienden los intereses del propio policía que los mutila? ¿Puede obligarse a un juez a dictar sentencia de desahucio contra un desposeído, basándose en una ley añeja que colisiona con su ética personal y su desacuerdo legal?

La objeción de conciencia provoca una dolorosa confrontación entre dos normas desiguales en su ámbito de influencia, pero con igual mérito, validez e influencia sobre las personas: la norma legal impuesta por la sociedad; y el código ético personal que determina los comportamientos individuales.

Existe un choque frontal entre el derecho objetivo y la norma subjetiva. El primero con más tinte de racionalidad que el segundo, aunque éste aventaje en convicción y compromiso al primero, amparándose en la Declaración de los Derechos Humanos y en  decretos naturales contrarios a ordenanzas legales, sean éstas las que fueren.

Los que pretenden someter la objeción de conciencia a las leyes comunes, alegando los valores democráticos que las dictan, olvidan que los ciudadanos no estamos sometidos a la disciplinas contrarias a nuestro código moral de conducta, ni obligados a claudicar ante el patrioterismo de poltrona y chequera, pretendido por demagogos que llenan sus bocas con palabras que contradicen los comportamientos y actitudes que manifiestan.

Los demócratas hemos de acabar con esa lacra de patrioterismo y democratismo, con que pretenden adoctrinarnos y domesticarnos para evitar la rebelión y acrecentar la sumisión, a base de amenazas, pelotazos, garrotazos y leyes que benefician a los mantenedores del sistema.

Quienes dan las órdenes no siempre tienen razón, y es obligación ciudadana oponerse a ellas cuando el daño que generan a los vecinos lo aprovechan unos cuantos pescadores en este río revuelto cargando las redes de beneficios personales que aliviarían poblaciones enteras, como es de todos conocido, sin necesidad de dar nombres de los depredadores, porque están en boca de todos.