Sufrimos indigestión autonómica, por culpa de quienes atropellaron el artículo segundo de nuestra Constitución en tiempos de prisas democráticas y concesiones caprichosas basadas en forzados consensos rechazados por el sentido común.

Como apátrida nacido en mi tierra, atribuyo gran parte de la pandemia social que se extiende por la piel de toro al reparto autonómico, en vista de las fatales consecuencias que ha tenido para los ciudadanos la fragmentación territorial en diecisiete comunidades autónomas a las que se suman dos ciudades más, con sus asambleas correspondientes.

Diecisiete parlamentos, diecisiete Gobiernos, diecisiete Consejos Consultivos, diecisiete cajas de ahorros sociales transformadas en ruinosos bancos autonómicos, decenas de instituciones, cientos de edificios e infraestructuras y miles de cargos políticos dispuestos a pegar tiros al aire con pólvora del pueblo, no es el mejor camino para gestionar eficazmente una administración al servicio de los ciudadanos que la sustentan, según han demostrado los hechos.

El exceso de gasto, los abusos, la inoperatividad, el despilfarro, la corrupción, el cortijerismo, la ineficacia y el dispendio público evidenciado durante años, ha concluido en una crisis de la que el pueblo ha sido el gran perjudicado, porque la relación productividad / coste / servicio, de las autonomías, está descompensado, en beneficio únicamente a quienes en ellas han vivido del cuento, desde que se estableció el mapa territorial fruto de “pactos autonómicos” – ¡ojo! – nunca refrendados por el pueblo.

Con sentimiento apátrida propongo borrón y cuenta nueva, eliminando los espacios territoriales uniprovinciales y limitando las competencias de las  autonomías multiprovinciales a estructuras administrativas básicas y funcionales, para que los ciudadanos no sufran consecuencias negativas derivadas de cesiones competenciales en materia educativa, judicial y sanitaria.