Durante la Edad Media y siglos posteriores a ella, España estuvo regida por monarquías absolutas, con el resultado ya conocido por todos los interesados en conocer la historia de nuestro país, en las que el rey reinaba y gobernaba a su antojo, legitimando su poder en haber sido engendrado por su antecesor en el trono.

Frente a la absoluta soberanía del rey, la República ofreció la soberanía al pueblo para que éste rigiera su propio destino, otorgándole capacidad para elegir al ciudadano que considerara más apto para tomar las riendas, atendiendo las peticiones del pueblo que lo había elegido como gestor de sus propuestas.

Ante un cambio tan radical y difícil de llevar a cabo, los monárquicos y republicanos se pusieron de acuerdo en aceptar una situación intermedia, pactando la monarquía parlamentaria como híbrido que permitía al rey compartir soberanía con el pueblo.

En tan absurda situación se encuentran las actuales monarquías, entre ellas la española, porque la duplicidad de soberanías no resiste el mínimo análisis intelectual, aunque los monárquicos se empeñen en lo contrario y atribuyan a la monarquía parlamentaria poderes curativos de males endémicos españoles imposibles de reparar, en un país donde el pueblo acredita la mayoría de edad necesaria para rechazar a la nodriza.

La duplicidad de soberanías carece de sentido en el siglo XXI y es fuente de interferencias, porque no puede dividirse el poder en dos partes, sin que una de ellas se resienta en beneficio de la otra, como sucede actualmente con la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey, mientras se desflora al pueblo y se le responsabiliza de actos que no ha cometido.

Una de las esencias republicanas, no compartida por la monarquía, es que la soberanía nacional sólo permite a la ley ocupar posiciones superiores a la voluntad popular, siendo esta ley promulgada y aceptada voluntariamente por el pueblo, a la que todos deben someterse, incluido el presidente de la República.