El problema que tienen los magistrados al juzgar y condenar a políticos corruptos, estafadores profesionales, defraudadores crónicos y ladrones engominados, es que las salpicaduras pueden llegar donde los poderosos salpicados no quieren que lleguen.

Y hacen bien en pretender impedir que la justicia escudriñe la verdad y castigue a delincuentes con negocios tan rentables, aunque no les preocupe gran cosa la pequeña condena que pueda caerles encima porque la cárcel se abandona pronto, la descalificación moral pasa enseguida y el dinero queda en casa.

Así son las cosas, hasta que a los jueces se les hinchen las puñetas y pongan sentencias ejemplares, agilicen juicios pendientes interpuestos en el Supremo por grandes estrellas del timo institucional y pongan a cada cual en el sitio que le corresponde.

Es frecuente que los códigos penales queden reservados para uso exclusivo contra personas socialmente marginadas y seres desdichados que viven en un mundo concebido al servicio de los poderosos, aunque la intención de su todopoderoso creador fuera contraria a esta realidad.

Somos muchos los que vemos las cárceles como reservorios de estiércol, inventadas por el sistema para encerrar en ellas a ladrones que roban gallinas para subsistir o que distraen sábanas de los almacenes para hacer pancartas.

Ello gracias al demagógico supuesto de que la ley es igual para todos, menos para quienes proclaman solemnemente este cínico eslogan.