Según ha informado Zapatero ayer en el Congreso, la Constitución va a ser reformada para establecer un techo de gasto público, o si se prefiere, poner límite al déficit.

Hasta aquí todo bien si no fuera por el alarmismo que ha desatado siempre cualquier propuesta de modificar la Carta Magna. No es de recibo un cambio constitucional sin debate previo. Guardaríamos silencio si se nos consultara en referéndum. Nadie protestaría si la modificación estuviera justificada. Hecho el daño, los ciudadanos acudiremos masivamente a las farmacias en busca de tranquimazín porque seremos – una vez más – los sufridores de tal decisión. El pueblo comprará millones de pañuelos blancos para despedir el Estado del bienestar. Y los “indignados” tendrá que añadir nuevas reivindicaciones a sus pancartas.

Parece claro que España camina por las gráficas económicas con un gran déficit a cuestas que conviene embridar porque se han ido de la mano los gastos del Estado, de las Comunidades autónomas y de los Ayuntamientos, sin compensar el despilfarro con monedas de los ricos en la hucha impositora nacional.

Compartimos que urge reparación de la situación financiera, poniendo en la misma horizontal el platillo de gastos y el de ingresos para equilibrar la balanza, pero discrepamos en la forma de hacerlo, porque el Gobierno se ha parapetado en las palmadas europeas para llevarse por delante los intereses y el bienestar de la mayoría de ciudadanos.

En esto se diferencia la gestión macroeconómica de la economía doméstica, que cuando hay que ahorrar y sacrificarse son los padres quienes se ajustan el cinturón, protegiendo a los hijos indefensos de la crisis familiar, por grave que ésta sea.

Cuando el desequilibrio económico en un país es moderado, los gobernantes intentan corregirlo pidiendo dinero prestado, vendiendo el patrimonio común y privatizando las empresas más rentables.

Pero estamos en la UVI y el Gobierno intenta corregir el déficit público, disminuyendo sueldo a los funcionarios, congelando las pensiones, reduciendo la inversión en infraestructuras, endureciendo las condiciones de jubilación, eliminando la retroactividad de ayudas a la dependencia, abaratando las recetas médicas y suprimiendo el cheque bebé, entre otras cosas.

En cambio, se mantiene el gasto militar, los reducidos impuestos a las rentas altas, el fraude fiscal y los beneficios del capital en las transacciones financieras.

Seguiremos parasitados por inútiles senadores; soportaremos pensiones vitalicias de los reformadores constitucionales; pagaremos excesivos sueldos a concejales y alcaldes; soportaremos impotentes la corrupción política; sufragaremos innecesarios coches oficiales; financiaremos tarjetas Visa a chupópteros avispados; sustentaremos el nepotismo y el amiguismo en las Instituciones; pagaremos sueldos a los asesores de la nada; alimentaremos excesivas familias diplomáticas en las Embajadas; costearemos miles de liberados sindicales y políticos; subvencionaremos fundaciones opacas; mantendremos los excesos autonómicos; y seremos apaleados por los policías que pagamos con nuestros impuestos, cuando pidamos mayor justicia social, menos despilfarro institucional y honestidad política.