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Mes: febrero 2019

¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?

Entre todos los alegatos hechos por los secesionistas, ponemos atención en dos afirmaciones pronunciadas por ellos que rechinan en un Estado Democrático de Derecho, tratando de confundir el sentido común y la lógica natural con sofismas y argumentos falsos o capciosos esgrimidos con la pretensión de hacerse pasar por verdaderos.

Coincidimos plenamente con su afirmación de que votar en un referéndum no es delito, por supuesto, ¡faltaría más!;  por eso no se sienta a nadie en un banquillo por ir a las urnas en un referéndum legalmente convocado, sino todo lo contrario pues el votante merece felicitaciones del sistema democrático. Pero cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional un referéndum, quien lo convoca, apoya, organiza y vota, comete delito de desobediencia grave a la autoridad y a la ley, como le sucede a los dirigentes catalanes procesados, buenos conocedores de la sentencia del Constitucional en claros términos y contundente: “El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”. No hay duda, pues, de la ilegalidad del referéndum promovido por los encausados.

Por otro lado, con persistencia machacona de martillos pilones, los independentistas golpean nuestras mentes con tesón de propaganda goebbeliana diciendo que los procesado son “presos políticos”, sabedores que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad indiscutida, ignorando que en su caso nadie aceptará que los “políticos presos” pasen a ser presos políticos por obra y gracia de la propaganda secesionista.

El juicio a los cabecillas del “procés” con los abogados defensores al ataque político, los compañeros políticos desplegando toda la artillería verbal contra el juicio, el fugado Puigdemont en Berlín olvidando en la rueda de prensa que un Estado de Derecho exige el cumplimiento de las leyes, y los CDRs. vociferando contra el Estado opresor, nos obliga una vez más a diferenciar “político preso” de “preso político”, para confirmar el fracaso en el intento de confusión.

         El preso político es una persona encarcelada por su conciencia e ideas, sin haber cometido delito tipificado en los códigos legales; y estos políticos presos son personas que han ejercido el poder otorgado por las urnas para cometer presuntos delitos penados en tales códigos, considerándose amparados en una impunidad a la que nunca tuvieron derecho, porque el cumplimiento de las leyes también les afecta a ellos, dado que el propio Consejo de Europa estableció en 2012 que solo puede considerarse preso político la persona detenida por razones estrictamente políticas, sin haber cometido delito penal alguno.

Los encausados: Junqueras, Romeva, Forn, Bassa, Rull, Forcadell, Vila, Borrás, Mundó y los tres Jordi´s, no están en el banquillo de acusados por sus ideas políticas, ni por sus manifestaciones independentistas, no. Están siendo juzgados por haber cometido presuntamente graves delitos como rebelión, sedición, prevaricación, violación de leyes y desobediencia a mandatos constitucionales, según la instrucción del caso.

Estos doce políticos y los exiliados: Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel se habían acostumbrado a convertir en sayos personales las leyes vigentes con escandalosa impunidad, como pudo verse el 27 de octubre de 2017, para conseguir la secesión catalana en contra del ordenamiento jurídico vigente, despreciando a la mitad de sus vecinos y usurpando la soberanía nacional, con su declaración unilateral de independencia.

Declaración que ponía en vigor la esperpéntica Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, iniciándose con ello un frustrado proceso constituyente, democrático, transversal, vinculante, ciudadano y participativo, aunque la mitad de los ciudadanos catalanes no participaran de tal república catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre de 2017, a pesar de que Puigdemont declarase ante un Parlamento Catalán asumir el mandato de convertir Cataluña en un Estado independiente en forma de república.

Es decir, los doce procesados son políticos presos y no presos políticos, como ya dijo el jueves 9 de noviembre de 2017 Amnistía Internacional, declarando que los acusados no eran presos de conciencia.

Ahora solo cabe esperar que el tribunal que los juzga respete plenamente el derecho de los procesados a tener un juicio con todas las garantías legales, respetando los derechos que les asisten.

Si al final quedan absueltos por el tribunal de los delitos imputados, aceptaremos que fueron encarcelados y procesados por su condición política al sentenciarse que no cometieron delito alguno, y la democracia tendrá que devolverles el honor y la dignidad que la instrucción del proceso les ha hurtado. Pero si son condenados, quedará confirmado lo que piensa mi panadera.

La manada en libertad

La manada en libertad

La última decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgó y condenó a nueve años de cárcel a los cinco autocalificados cuadrúpedos de la “manada”, ahora los deja en libertad hasta que haya sentencia firme, obligándonos a reflexionar sobre el distanciamiento que existe entre algunas sentencias judiciales y el común sentido de los mortales.

No cabe negar la legalidad de la decisión tomada por el tribunal en aplicación de las leyes vigentes, pero también es cierto que cuando las sentencias judiciales no son comprendidas ni compartidas por los ciudadanos, algo habrá que hacer para conciliar ambas posturas en un Estado Democrático de Derecho.

Tal vez, todo empezó cuando el tribunal calificó de “abuso sexual” en vez de “agresión sexual” como pedían el fiscal, las acusaciones y los habitantes de la piel de toro desde Gata a Finisterre, opinando que se trataba de una agresión en toda regla, preludio de importante protesta social, por incomprensión popular de la sentencia dictada por los altos magistrados del tribunal.

Los altos magistrados que sentenciaron y ahora dejan en libertad a los cinco animales de rebaño, -según propia definición de los condenados autodefiniéndose como “manada”-, juzgaron que hubo abuso en los actos que realizaron, y no agresión, tal vez porque la sangre no corrió entre las piernas de la joven, ni hubo desgarraduras vaginales, ni perforaciones intestinales, ni lesiones en la glotis, ni la chiquilla clavó las uñas en los de los garañones, ni cortó el pene a los depredadores.

La ignorancia jurídica que nos asiste a los disconformes con la decisión tomada, impide ver el margen de interpretación que cabe a los magistrados sobre los hechos relatados por ellos mismos en su sentencia, pues no alcanzamos a comprenderlos, ni dónde están las dudas, ni cuál debe ser la actitud del Consejo General del Poder Judicial con los jueces, ante la sentencia dictada por los detestables hechos acontecidos la noche del 7 de julio de 2016 en el portal número 5 de la pamplonesa calle Paulino Caballero.

Cuando el Derecho Penal se opone a la capacidad comprensiva de los mortales; cuando la interpretación judicial es contraria a la lógica natural; y cuando las sentencias son incomprendidas por el pueblo, urge modificar las normas jurídicas para evitar interpretaciones judiciales contrarias a las concepciones que los ciudadanos tenemos de la vida y los delitos.

ASESORES DE LA NADA

ASESORES DE LA NADA

Leo con asombro y malestar en un periódico digital que han aumentado los “asesores” ministeriales y el número de “asistentes” parlamentarios nacionales y europeos, como forma encubierta de acomodar a los amiguetes que no han encontrado acomodo profesional en la sociedad civil, poniéndose de manifiesto que líderes rojos, anaranjados, azules, morados y rojigualdas continúan con esta perversión democrática de insultante calado, maliciadora del diccionario y envilecedora del lenguaje, convirtiendo a muchos ciudadanos en gandules encorbatados y parásitos institucionales, beneficiarios de privilegios inmerecidos conseguidos a base de parentelas, amiguismo y dobladuras de tronco.

Algo que debía ser área de auténticos expertos en temas concretos para asesorar a los políticos en sus decisiones, se ha convertido en privilegiada jaula de ignorantes y coladero feliz de familiares y vecinos, vivientes del arbitrario padrinazgo que los “emplea” a costa de los contribuyentes, paganos de sus prebendas y salarios.

Esto explica la sobreabundancia de pulgones en los despachos oficiales, mamando de la teta pública, sin oficio ni capacitación, como chinches de diferentes colores, moviéndose en órbitas circulares alrededor del patrón, carentes de dignidad, con la testuz inclinada hacia abajo, fétidos morales pero sumamente cómodos, chupando el sudor ajeno y taladrando la justicia social con picaduras irritantes.

Asesores de vuelos celestiales, entrenadores de pulgas, consejeros de nudos marineros, adiestradores de escarabajos y supervisores de la rotación solar, que cobran miles de euros mensuales por limpiar el polvo de los sillones con sus posaderas y engrasar con su caspa las cabeceras de los respaldos.

Vividores de la nada, destajistas de sablazos y empedernidos chupópteros, que deambulan por gobiernos, ministerios, parlamentos, diputaciones y ayuntamientos, exhibiendo desvergonzada ignorancia y servilismos a cambio de la indignidad que lucen como bandera en la solapa de sus trajes y multiplicando en número a los realmente asesoran a dirigentes de instituciones públicas en otros países democráticos.

De semejantes parásitos tenemos en España más de 20.000 larvas repartidas por diferentes administraciones públicas, que se llevan 1.000 millones de euros de nuestros bolsillos, constituyendo una plaga política que solo beneficia a los líderes que les ofrecen ¿trabajo? a cambio de servidumbres y favores.