¿PRESO POLÍTICO UN VOTANTE EN URNA LEGAL?
Entre todos los alegatos hechos por los secesionistas, ponemos atención en dos afirmaciones pronunciadas por ellos que rechinan en un Estado Democrático de Derecho, tratando de confundir el sentido común y la lógica natural con sofismas y argumentos falsos o capciosos esgrimidos con la pretensión de hacerse pasar por verdaderos.
Coincidimos plenamente con su afirmación de que votar en un referéndum no es delito, por supuesto, ¡faltaría más!; por eso no se sienta a nadie en un banquillo por ir a las urnas en un referéndum legalmente convocado, sino todo lo contrario pues el votante merece felicitaciones del sistema democrático. Pero cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional un referéndum, quien lo convoca, apoya, organiza y vota, comete delito de desobediencia grave a la autoridad y a la ley, como le sucede a los dirigentes catalanes procesados, buenos conocedores de la sentencia del Constitucional en claros términos y contundente: “El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”. No hay duda, pues, de la ilegalidad del referéndum promovido por los encausados.
Por otro lado, con persistencia machacona de martillos pilones, los independentistas golpean nuestras mentes con tesón de propaganda goebbeliana diciendo que los procesado son “presos políticos”, sabedores que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad indiscutida, ignorando que en su caso nadie aceptará que los “políticos presos” pasen a ser presos políticos por obra y gracia de la propaganda secesionista.
El juicio a los cabecillas del “procés” con los abogados defensores al ataque político, los compañeros políticos desplegando toda la artillería verbal contra el juicio, el fugado Puigdemont en Berlín olvidando en la rueda de prensa que un Estado de Derecho exige el cumplimiento de las leyes, y los CDRs. vociferando contra el Estado opresor, nos obliga una vez más a diferenciar “político preso” de “preso político”, para confirmar el fracaso en el intento de confusión.
El preso político es una persona encarcelada por su conciencia e ideas, sin haber cometido delito tipificado en los códigos legales; y estos políticos presos son personas que han ejercido el poder otorgado por las urnas para cometer presuntos delitos penados en tales códigos, considerándose amparados en una impunidad a la que nunca tuvieron derecho, porque el cumplimiento de las leyes también les afecta a ellos, dado que el propio Consejo de Europa estableció en 2012 que solo puede considerarse preso político la persona detenida por razones estrictamente políticas, sin haber cometido delito penal alguno.
Los encausados: Junqueras, Romeva, Forn, Bassa, Rull, Forcadell, Vila, Borrás, Mundó y los tres Jordi´s, no están en el banquillo de acusados por sus ideas políticas, ni por sus manifestaciones independentistas, no. Están siendo juzgados por haber cometido presuntamente graves delitos como rebelión, sedición, prevaricación, violación de leyes y desobediencia a mandatos constitucionales, según la instrucción del caso.
Estos doce políticos y los exiliados: Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel se habían acostumbrado a convertir en sayos personales las leyes vigentes con escandalosa impunidad, como pudo verse el 27 de octubre de 2017, para conseguir la secesión catalana en contra del ordenamiento jurídico vigente, despreciando a la mitad de sus vecinos y usurpando la soberanía nacional, con su declaración unilateral de independencia.
Declaración que ponía en vigor la esperpéntica Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, iniciándose con ello un frustrado proceso constituyente, democrático, transversal, vinculante, ciudadano y participativo, aunque la mitad de los ciudadanos catalanes no participaran de tal república catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre de 2017, a pesar de que Puigdemont declarase ante un Parlamento Catalán asumir el mandato de convertir Cataluña en un Estado independiente en forma de república.
Es decir, los doce procesados son políticos presos y no presos políticos, como ya dijo el jueves 9 de noviembre de 2017 Amnistía Internacional, declarando que los acusados no eran presos de conciencia.
Ahora solo cabe esperar que el tribunal que los juzga respete plenamente el derecho de los procesados a tener un juicio con todas las garantías legales, respetando los derechos que les asisten.
Si al final quedan absueltos por el tribunal de los delitos imputados, aceptaremos que fueron encarcelados y procesados por su condición política al sentenciarse que no cometieron delito alguno, y la democracia tendrá que devolverles el honor y la dignidad que la instrucción del proceso les ha hurtado. Pero si son condenados, quedará confirmado lo que piensa mi panadera.
