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Etiqueta: poder judicial

NO ES FÁCIL COMPRENDER

NO ES FÁCIL COMPRENDER

Suceden en nuestra sociedad algunos hechos difíciles de comprender por mentes sanas y espíritus descontaminados de ciudadanos moralmente saludables y políticamente independientes, incapaces de entender algunas piruetas sociales realizadas por mandamases que gobiernan instituciones, empresas y entidades de diversa índole, con acciones ajenas al sentido común de los mortales, a la lógica mental y al pensamiento colectivo, por mucho que los responsables de los esperpentos traten de justificarlas con demagógicas palabras, rechazadas por su propia inteligencia, aunque se cubran el rostro con una careta para ocultar su sonrisa.

Tal es el caso de algunos magistrados –no de todos ni de la Justicia- que llevan algún tiempo emulando a Valle Inclán con sus comportamientos, actitudes y sentencias, como ha sucedido con ciertos togados del Tribunal Supremo, porque no es fácil comprender lo que allí ha sucedido sin sospechar una segunda verdad que solo saben los protagonistas del grotesco espectáculo que han ofrecido, censurado por todos, incluso por los propios protagonistas del hecho, que han obligado a su presidente a pedir públicamente perdón por deformar la realidad con sus estrafalarios comportamientos.

Tampoco es fácil comprender que el presidente de dicho tribunal dijera que en España solo van a la cárcel los robagallinas, y nadie haya movido ficha.

No es fácil comprender que dicho presidente del Tribunal Supremo confunda la Ley Hipotecaria con el Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre que regula el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, para justificar lo injustificable.

No es fácil comprender que las “reglas del Estado de Derecho” invocadas por el presidente no sean comprendidas por los ciudadanos, ni por la opinión pública, el Gobierno, asociaciones judiciales y el panadero Casildo.

Tampoco es fácil de comprender que los miembros del alto Tribunal no estén obligados a declarar sus bienes e inversiones, para que los contribuyentes que pagamos su sueldo estemos más tranquilos viendo que no tienen personales negocios bancarios que defender.

Al presidente del máximo órgano constitucional del poder judicial no debe bastarle con pedir perdón por su mala gestión, reconociendo los errores cometidos en el procedimiento seguido para resolver un asunto de importancia tan singular, cuya resolución ha causado gran alarma social y grave daño al más elevado tribunal de la justicia española.

TRIBUNAL ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL

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Tenemos en nuestro país diferentes tribunales que controlan y juzgan actuaciones institucionales y personales, como son: el Tribunal de Cuentas, órgano supremo encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y las Instituciones, y el Tribunal Supremo, como órgano en la cúspide del Poder Judicial en todos los órdenes, salvo en materia constitucional cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

Pero nos falta un Tribunal Judicial Electoral con jurado popular, que meta en vereda a los defraudadores electorales que prometen lo que no cumplen y hacen lo contrario de lo que prometieron hacer, sin importar el color que tengan los prometedores de actuaciones futuras en los programas electorales que van a la papelera cuando se escruta la última papeleta, en un alarde de populismo insultante.

No me refiero a las distintas Juntas Electorales, responsables de la buena marcha del proceso electoral, no. Hablo de un tribunal con capacidad jurídica y poder condenatorio, para encerrar en la cárcel a los políticos que no cumplan el contrato electoral que firman con los ciudadanos en sus programas de gobierno, engañando a los votantes con el fin de ganar su voluntad, y hasta luego Lucas.

Hoy que los torpedos van dirigidos a la línea de flotación del fraude fiscal, envío mi particular obús al corazón del impune fraude electoral que tanto hace reír a los políticos y llorar a los votantes, pidiendo la creación urgente de un Tribunal Electoral que juzgue el engaño masivo cometido desde las tribunas políticas propagandísticas, porque los ciudadanos no merecemos tanto desprecio personal, subestimación de derechos, insulto político, agravio a la dignidad ciudadana y ultraje al sentido común.