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RESULTADOS ELECTORALES

RESULTADOS ELECTORALES

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A pocos meses de la catarata electoral que se avecina, es buen momento para comenzar las reflexiones sobre distintos aspectos que configuran los procesos electorales, como son las leyes que los rigen en nuestro país, las candidaturas partidistas, la campaña electoral, los resultados y las consecuencias, comenzando por una primera petición inalcanzable, cabeza visible de las que vendrán después, tan quiméricas como necesarias, que no recibirán luz verde parlamentaria.

Conviene poner atención al analizar los resultados electorales o consultas de opinión ciudadana, cuando los datos finales de la votación o las respuestas a preguntas se expresan en porcentajes, porque esto puede dar lugar a equívocos si faltan los datos numéricos de participación en el proceso.

Afirmar que la inmensa mayoría de participantes, representada por el 66,6 %, está de acuerdo o en desacuerdo con algo, dice poco a favor de esa votación, ya que puede tratarse de una muestra formada por un censo de tres personas, en la que dos opinaron una cosa y la tercera la contraria, invalidándose el resultado por razones obvias.

Situaciones como la anteriormente caricaturizada y otras similares, obligaría en todas las votaciones a fijar un porcentaje mínimo de participantes censados en la misma para validar una consulta, con objeto de evitar que una minoría de ciudadanos decida por la todos los vecinos, aunque esa condición tenga pocos visos de hacerse realidad.

En ocasiones, la situación es aceptable, aunque no esté fijado un porcentaje mínimo de participación, como está sucediendo en las elecciones generales celebradas en España, con un porcentaje de participación en torno al 70 % del censo. De hecho, en las elecciones de 2011 fue del 68,94 %; en 2015, el 73,2 %; y en 2016, participaron 24.161.083 representando el 69,84 % del censo electoral.

Pero no siempre sucede esto. Así, por ejemplo, en la aprobación del Estatuto Catalán se proclamó que fue aceptado por la mayoría absoluta de catalanes con el 73,24 % de los votos, sin dejar claro que se abstuvo de votar la mayoría absoluta de la población, pues de un censo de 5.310.103 catalanes, solo participaron en la votación 2.594.167, minoría absoluta representativa del 48 % del censo, es decir, que todos los ciudadanos catalanes tuvieron que aceptar el Estatuto aprobado por una minoría de ellos.

Algo parecido ocurrió en la consulta promovida por los dirigentes de la organización política Podemos para decidir si sus dos principales líderes debían seguir en sus puestos orgánicos o abandonarlos. En la página Web de la organización se aportaron entonces los siguientes resultados: “Sí: 128.300 votos (68,42 %); No: 59.224 (31,58 %); con 652 votos en blanco, sobre un total de 188.176 votantes”. Esa es toda la información que aportaron, pero convendría que hubieran dicho también que los inscritos eran 487.772, es decir, que solo votaron el 38,6 % del “censo” ocultando su opinión 299.596 inscritos (el 61,4 %) por razones que van desde el desinterés por el tema planteado hasta lo que cada cual pueda imaginar sobre la continuidad de Irene y Pablo. Si sumamos los inscritos silenciosos a quienes votaron “No” o “en blanco”, nos resulta que apostaron por la continuidad de la pareja 128.300 inscritos, representativos del 26,3 % de ellos, expresando su disconformidad o expresivo silencio 359.472 personas representantes del 73,7 % de los inscritos. Recordemos que en los Anexos I y II de los Estatutos de Podemos se establecen distintos porcentajes mínimos de participación según las particularidades de la votación: 0,2 %, 1 %, 3 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %.

Estos dos últimos ejemplos son una muestra de los muchos que podríamos recoger, aunque no invaliden las reglas democráticas, pero tal vez convendría fijar un porcentaje mínimo de votantes para validar una consulta, sobre todo si esta tiene singular importancia para los ciudadanos a quienes va a afectar la decisión tomada, siendo conscientes del riesgo que propuesta representa.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente desde el 17 de enero del presente año, contemplan un porcentaje mínimo de participantes en los procesos electorales. Tampoco la Comisión de Venecia en su Código de Buenas Prácticas establece ese porcentaje mínimo de participación y aprobación, lo que permite concluir que en España todas las elecciones son válidas, sea cual fuere el número de ciudadanos que participen en la votación.

La reflexión sobre las listas cerradas elaboradas por los partidos políticos para su propio uso, merecen enciclopedia aparte, en la partitocracia que tenemos.

GASTOS ELECTORALES

GASTOS ELECTORALES

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Nos han atufado durante la pasada semana con resultados electorales, análisis de todos los colores y opiniones variopintas sobre lo sucedido el pasado día 24 de mayo. Hemos escuchado pacientemente descontentos internos disfrazados con victorias cara al público y complacencias externas, camuflando fracasos internos, pero nadie nos ha echado las cuentas de lo que hemos pagado por esa fiesta democrática.

Alguien debería decirnos qué millonada de nuestros euros se ha gastado realmente en las elecciones andaluzas, en las municipales y en las autonómicas celebradas hace unos días, incluyendo el gasto que se avecina con las generales previstas cuando el presidente del Gobierno decida convocarlas.

Sabemos, eso sí, que el día de las elecciones andaluzas se gastaron 11,8 millones de euros en ese día festivo, algo que se corresponde con la normalidad en todo proceso electoral para organizar el acto que a todos satisface, incluso a los antidemócratas que van disfrazados de salvadores por el mundo.

Pero no me refiero a ese gasto necesario y complaciente que pagamos para organizar el evento, sino al desembolso que hacen los partidos políticos en mítines, viajes, propaganda, dietas, gasolina, alquileres, teléfonos, seguridad, chóferes, spots publicitarios, servicio de orden, interventores, etc., que pagamos los demás.

Porque lo malo no es que ignoremos ahora la cantidad que esto representa, el problema es que nunca sabremos lo gastado, como no sabremos tampoco de donde sale el dinero que entra en los partidos, ni su procedencia, en un país donde la transparencia es quimera inalcanzable.

Primum vivere, deinde fhilosophari, decían quienes sabían bien lo que decían, algo que la sabiduría popular traduce como “primero la obligación y luego la devoción”. Es decir, que antes de recortar servicios básicos como sanidad, educación, dependencia y justicia, es obligado suprimir las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, sin que esto signifique restringir derecho alguno a esas organizaciones o a sus militantes, que son quienes deben pagarse el capricho y los beneficios de la afiliación.

IGUALAR A LA BAJA

IGUALAR A LA BAJA

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Estamos donde estamos, sin comerlo ni beberlo, por voluntad de quienes nos han empujado al hondón del pozo, mientras ellos se asoman sonrientes al brocal para ver como desaparecemos de la superficie, sin posibilidades de salir a flote pues los que tendrían que reflotarnos carecen del talento, valor y honradez que se necesita para ello.

Es el precio que pagamos por sostener con nuestros votos un sistema caduco donde predomina los sinvergüenzas que tienen la desvergüenza de ocupar portadas de periódicos y carteles electorales, mientras nosotros pastamos adormecidos y a la intemperie en esta decrépita pseudodemocracia.

La decadencia de la vida pública española tiene mucho que ver con la falta de ciudadanos honrados y capacitados para ocupar cargos representativos, ya que los partidos políticos han apostado por la incondicional fidelidad partidista, considerando que administran una finca privada y no el territorio común de cuarenta millones de ciudadanos.

En ese afán dominante han igualado a los cargos públicos por abajo, según el diminuto rasero de familiares, amigos y militantes que se arrastran por el suelo suplicando un sillón que llevarse a las nalgas, sin apartar de sus dientes el carnet del partido.

Esto es lo que pasa cuando se pone un país en manos de políticos desvalidos y desvaídos, permitiéndoles acomodar mediocres posaderas de personas incompetentes y sin escrúpulos en rentables poltronas institucionales, haciendo de la piel de toro un trapo raído e inservible.

MENTIRAS FOTOGÉNICAS ELECTORALES

MENTIRAS FOTOGÉNICAS ELECTORALES

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Sabíamos que ciertos mandatarios  movían las fichas a su antojo en el tablero político,  sin respetar las reglas del juego. También teníamos noticias confirmadas por teléfono desde Valencia que muchos habían llegado a la política para “llevárselo”. Hemos confirmado en sucesivas elecciones que las promesas electorales van a la papelera junto a las papeletas de votación unos segundos después de terminar el recuento. Y hemos visto a políticos responder sobre la emigración de las aves cuando se le preguntaba por la corrupción de sus correligionarios.

Ahora el CIS nos confirma que los ciudadanos estamos más preocupados por la clase política que por el terrorismo. Pero todo esto no inquieta a nuestros protagonistas, ocupados tradicionalmente en engañarnos de palabra, obra y omisión, porque antes no era posible hacerlo con el ojo de una cámara fotográfica.

Fue en la década de los años noventa cuando surgieron los primeros retoques fotográficos y comenzaron a transformarse en milagros fotogénicos de largo alcance, las arrugas y rostros deformados.

Así se ilustraron con trucajes las fotos en los escaparates de moda, se camuflaron las patas de gallo en las vallas publicitarias y se rejuvenecieron ancianas en los productos de belleza, para seducir a mentes ingenuas.

Viendo los resultados comerciales del engaño, los profesionales de la mentira se fueron montando progresivamente en el carro de la nueva farsa, insultando nuestro sentido común con fotos de candidatos políticos en los carteles electorales, como hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas, popularizando a su hija entre los vecinos sin guardar un mínimo respeto a la intimidad de la chiquilla.

Ejemplo seguido en la propaganda electoral de las próximas elecciones, donde se hace ostensible la mentira de una fingida juventud, pretendiendo esconder las arrugas, para negarle a la experiencia el mérito, sabiduría, prudencia, temple, tolerancia y buen sentido, que nunca tendrá la juventud.