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Ante el despido de 88 orientadores laborales, el director general de la Función Pública de la señora Cospedal, don Juan Manuel de la Fuente, ha declarado que con estos despidos están “haciendo un bien común a la comunidad”. Bien por el chico.
Pocas veces el desprecio a los administrados alcanzó cotas semejantes, porque el descerebramiento de este dirigente ha superado con siete palabras el record de displicencia. Estamos acostumbrados a la prepotencia de los políticos, pero debe saber este señor que no aceptamos el insulto, ni permaneceremos inmóviles si tal ofensa no tiene el castigo que merece, por el bien común de la comunidad.
Si esta es una buena decisión, da miedo pensar en la que espera a los castellano-manchegos cuando este dirigente político que alimentan, juzque como mala alguna decisión que les afecte, porque la concepción mercantil que tiene este sujeto sobre la gestión pública, produce escalofríos.
Sus palabrazas permiten adivinar que nuestro protagonista no distingue claramente un ser humano de un objeto que puede abandonarse en el estercolero, porque resulte más barato pagar la multa que contratar un servicio de mudanzas. Las palabras de esta lumbrera intelectual evidencian un intolerable sentido cortijero de la gestión pública, haciendo que su voluntad prevalezca por encima de todo y de todos, desempolvando el lema ya viejo y olvidado de los déspotas: Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas, es decir: lo quiero, lo mando, sirva mi voluntad de razón.
Con semejante argumento todo vale, incluso que los parados decidan enviar al señor De la Fuente a una fuente sulfhídrica que envenene su pituitaria por carecer del olfato político necesario para no fomentar desde la dirección funcionarial, la hostilidad que han provocado sus esquizofrénicas declaraciones.
Es evidente que moderación y prudencia no son virtudes que acompañen a este personajillo, nubladas por una prepotencia y chulería impropia de quien vive a costa de aquellos que vilipendia.
Alguien sensato de su entorno debe advertirle que detrás de cada trabajador despedido hay un doloroso drama personal y familiar que, en algunos casos, va acompañado de graves consecuencias. Es decir, los despidos laborales deben ser para los administradores públicos algo más que números y asientos contables, porque afectan a la dignidad de las personas y contravienen un derecho constitucional recogido en el artículo 35 de nuestra carta magna. Y, lo que es más grave, cuando un político orienta la brújula de su gestión solamente hacia la rentabilidad económica, permite suponer cual es el rumbo personal que guía su participación activa en la vida política.
En contra de la opinión de este individuo, somos millones los ciudadanos que consideramos el mayor bien común para el país que la mitad de los políticos fueran expulsados de sus poltronas, con él a la cabeza.
