No sé por qué tenemos los ciudadanos tanto empeño en hablar de copago al referirnos a la aportación económica que deben hacer los catalanes para sufragar el pago de recetas médicas, cuando en realidad se trata simplemente de un “tique moderador”, como bien dice el patrón Boi Ruiz. Es decir, una cédula inofensiva que modera, templa y ajusta el excesivo gasto que los pacientes originan con sus dichosas enfermedades, en connivencia con la pandilla de médicos ignorantes e irresponsables que prescriben fármacos sin ton ni son a enfermos que más les valiera morirse y dejar de molestar.
El gobierno catalán ha decidido que todos los ciudadanos paguen un euro por cada receta que presenten en la farmacia, sin tener en cuenta si son jubilados, enfermos crónicos, presidentes de consejos de administración, millonarios o políticos, algo que no ha molestado al personal, sino todo lo contrario.
Según parece, lo que ha herido a los catalanes es que tal gasto adicional provocará en los despreciables pobres y pensionistas la frustración de no poder visitar en el exterior a los abnegados políticos y representantes que están sufriendo destierro en las 6 delegaciones y 35 oficinas comerciales que la Generalitat tiene repartidas por el mundo para fomentar su política exterior, desde Berlín a Nueva York, pasando por Londres, Argentina y Méjico. Edificios, mobiliario e infraestructura que han salido gratis, ocupadas por pobres servidores de la patria que se llevan solamente 12.000 euros al mes en dietas reguladas en el decreto 138/2008 sobre indemnizaciones por razón de servicio. Cantidad que no requiere justificante, y con un sueldo que llegan en algunos casos a los 88.000 euros. Para que luego digan los hipócritas de turno que la Generalitat no tiene de donde recortar para salvar a los indigentes de mayor miseria.
La medida tomada por el Gobierno catalán está bien justificada, pues no se puede tolerar de ninguna manera que haya tantos enfermos en Cataluña. Urge reducir la tasa de pacientes y a ello se han entregado con entusiasmo los políticos del Palau, sabiendo que los muertos colaterales son inevitables en las guerras que se planifican desde confortables despachos.
Con ánimo de colaborar a la solución del problema, sugiero que la mejor forma de reducir los 150 millones de recetas que se prescriben en Cataluña es ir directamente al grano, y eliminar del mapa a quienes tengan dificultades para abonar esta cuota, como es el caso de los enfermos crónicos jubilados cuya pensión no supere los 500 euros mensuales. Nada, a por ellos.
El sistema para llevar a cabo el exterminio de tan indeseables vecinos fue inventado hace años por los salvadores de la raza aria, con una admirable economía de recursos, pues basta para ello un recinto alambrado, tres o cuatro duchas y un pequeño horno. Esta idea evitará el gasto que pueda ocasionar atender en hospitales a quienes no tengan dinero para seguir viviendo.
Por otro lado, convendría igualmente asignar un par de recetas a cada facultativo, expulsando del sistema al que sobrepase esa cifra, ya que pasar de dos enfermos por médico es un exceso intolerable para la sanidad pública. Tomemos ejemplo de lo que ocurre en las ofertas de los supermercados, donde se anuncian ventas de productos hasta que se acaben las existencias.
