Cuando reyes, gobiernos, financieros, mercaderes y políticos, pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagular iniciativas ciudadanas, apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y eluden con torticeras maniobras.

Se entiende por Estado de Derecho aquel que se rige por un sistema de leyes, encabezadas por la Constitución, que son aceptadas, compartidas y cumplidas por todos los ciudadanos del país, en el marco de un Estado social democrático, sustentado en la soberanía popular.

En un Estado de Derecho, cualquier poder debe estar limitado y controlado por leyes claras, estables, justas y protectoras, impidiendo que sean transgredidas, atenuadas o modificadas por coronas, escaños, cuentas corrientes o togas dulcificadas con ambiciones de poder.

Tal Estado exige autonomía en los órganos que lo forman, sin injerencias institucionales mutuas, ni usurpación de funciones, ni personalismos en la aplicación de las normas jurídicas que amparan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y sin desequilibrar la balanza de la justicia.

Los cimientos del Estado de Derecho son: la legalidad, la transparencia, el desarrollo sostenible y la paz, siendo la ley el marco de conducta al que están sometidos los poderes que son garantes de su cumplimiento, respondiendo al interés público, ejemplarizando la vida social con sus comportamientos y evitando toda discriminación social, ideológica o política.