De las muchas formas que hay de gobernar, destaca por su arbitrariedad el gobierno caprichoso a golpe de decreto o, si se prefiere, el gobierno por decreto a golpe de caprichos. Modalidad que consiste en someter la vida de los ciudadanos a decisiones condicionadas por la dirección que tome el viento en torno a la cabeza de quienes hacen del país, cortijo de recreo.

Si se trata de un sirocazo, su influencia en mentes con pinzas flojas puede tener efectos desoladores en los vecinos, incapaces de comprender decisiones que no tienen pies, ni cabeza, ni tronco, ni extremidades. Es decir, sin cuerpo ni fundamento alguno, producidas por calenturas temporales de mentes seudoprivilegiadas que en momentos de política delirante deciden jugar con los ciudadanos, en lugar de gobernarlos con el respeto que merecen.

Las  monarquías han tenido sus validos sin nombramiento formal, pero con más poder que el propio rey. Ahí está el de Olivares para demostrarlo, hombre de confianza y presidente in pectore para Felipe IV, aunque no fuera más que sumiller de corps, caballerizo mayor y camarero mayor, pretextos para estar en todo momento al lado del monarca y decidir por él.

Pero las cosas han cambiado. En el actual Estado monárquico, el presidente otorga a sus validos ministerios y otras menudencias sin importancia. Concretamente, el profesor de economía del premier tiene en su poder la industria, el turismo, el comercio y la voluntad del patrón, para que éste patrocine sus genialidades.

¿Cómo, si no, se explica el regalo de bombillas de bajo consumo, previo paso por correos? ¿Quién puede entender  el fracaso del plan “vive”? ¿Qué explicación puede darse a los nuevos recibos eléctricos? Y, finalmente, ¿a qué vino la bajada del límite de velocidad, por mucho que el valido se empeñara en justificar el ahorro a base de poner en fila no sé cuántos miles de barriles de petróleo desde Sirio hasta Shaula?

¿Quién hizo el cálculo y cómo lo hizo? ¿Se tuvieron en cuenta las horas de trabajo invertidas en el cambio de pegatinas, su coste de fabricación, el transporte y la energía empleada en ello? ¿Se ha calculado el coste moral y económico que representa volver a la situación de partida del 7 de marzo, a partir del 1 de julio?

Hay más: si la medida tomada ha sido tan saludable que ha permitido en cuatro meses reducir en ¡450 millones de euros! la balanza de pagos, ¿por qué no seguir con ella? Y si no ha sido así ¿por qué ocultar el error cometido?

Y, sobre todo, ¿se ha evaluado el desgaste ciudadano, la indignación y el cansancio de una población harta de que le tomen el pelo, como han puesto en evidencia todas las encuestas relativas a tan caprichoso decreto?