Pocas veces una huelga ha estado más justificada como la que hoy va a celebrarse en defensa de la educación, donde profesores y alumnos expresarán su malestar contra la nueva ley educativa que cocina Wert, dándonos al resto de españoles la oportunidad de expresar nuestra hartura contra la casta política, incapaz de ponerse de acuerdo en materia tan importante como es la educación de los futuros dirigentes empresariales, políticos, sociales, financieros, sindicales y vecinales, que gobernarán la sociedad.

El catecismo político educativo exige cinco actos penitenciales a los profesores, alumnos, padres y ciudadanos: aprobación del examen de sumisión, dolor de educación, propósito de resignación, silenciar los pecados ministeriales y cumplir sectarias, improvisadas y perturbadoras leyes educativas.

Por ese calvario nos han obligado a pasar los políticos de turno, peregrinando descalzos y sin paradero, de ley en ley, entre las callejuelas empedradas del sagrado mundo educativo, sin posibilidad de hacerles comprender que con la educación no se juega ni se va a la caza del pueblo como si fuéramos perdices a las que nadie consulta cuando se hace una ley para matarlas, sustentada por caprichos sin fundamento real que justifiquen los sucesivos cambios de sistema educativo que estamos padeciendo, con grave perjuicio para la educación de nuestros jóvenes.

La historia confirma el beneficio aportado al país con la estabilidad legal que supuso la primera Ley de Instrucción Pública promovida por el ministro Claudio Moyano en 1857, que con pequeñas adaptaciones estuvo vigente más de un siglo, hasta que en 1970 Villar Palasí propuso acertadamente la Ley General de Educación (LGE), en vigor durante veinte años.

El cambio político a la democracia, la Constitución española y la adaptación a las nuevas corrientes educativas aconsejaron sensatamente nuevas leyes adaptadas a tales circunstancias, promulgándose la LOECE (1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOPEG (1995).

Luego vino la detestable lucha ideológica partidista, donde cada ministro de turno hizo de la educación su sayo, sacando de la chistera política nuevas leyes sin justificación alguna, interferidas por credos políticos y religiosos que han contaminado la educación, desanimado a los profesores, desconcertado a los alumnos, agobiado a los padres, irritado a los ciudadanos y escandalizado al sentido común.

Así, cayeron sobre nosotros la LOCE (2002) y la LOE (2006), amenazándonos ahora el Gobierno con otra nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en plena crisis económica, institucional, social y moral, que viene con una carga restrictiva, ideológica y selectiva, que nada tiene que ver con la perspectiva educativa como sería su obligación, puesto que sus aportaciones se dirigen al control, la sanción y la discriminación: incorporación de evaluaciones finales en Primaria y ESO, reducción del poder de las Asociaciones de Padres y Alumnos, deshomologación de las lenguas cooficiales, penaliza a los centros que no cumplan con el rendimiento académico y restricción de la autonomía de gestión.