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DOLOR DE EDUCACIÓN

DOLOR DE EDUCACIÓN

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Pocas veces una huelga ha estado más justificada como la que hoy va a celebrarse en defensa de la educación, donde profesores y alumnos expresarán su malestar contra la nueva ley educativa que cocina Wert, dándonos al resto de españoles la oportunidad de expresar nuestra hartura contra la casta política, incapaz de ponerse de acuerdo en materia tan importante como es la educación de los futuros dirigentes empresariales, políticos, sociales, financieros, sindicales y vecinales, que gobernarán la sociedad.

El catecismo político educativo exige cinco actos penitenciales a los profesores, alumnos, padres y ciudadanos: aprobación del examen de sumisión, dolor de educación, propósito de resignación, silenciar los pecados ministeriales y cumplir sectarias, improvisadas y perturbadoras leyes educativas.

Por ese calvario nos han obligado a pasar los políticos de turno, peregrinando descalzos y sin paradero, de ley en ley, entre las callejuelas empedradas del sagrado mundo educativo, sin posibilidad de hacerles comprender que con la educación no se juega ni se va a la caza del pueblo como si fuéramos perdices a las que nadie consulta cuando se hace una ley para matarlas, sustentada por caprichos sin fundamento real que justifiquen los sucesivos cambios de sistema educativo que estamos padeciendo, con grave perjuicio para la educación de nuestros jóvenes.

La historia confirma el beneficio aportado al país con la estabilidad legal que supuso la primera Ley de Instrucción Pública promovida por el ministro Claudio Moyano en 1857, que con pequeñas adaptaciones estuvo vigente más de un siglo, hasta que en 1970 Villar Palasí propuso acertadamente la Ley General de Educación (LGE), en vigor durante veinte años.

El cambio político a la democracia, la Constitución española y la adaptación a las nuevas corrientes educativas aconsejaron sensatamente nuevas leyes adaptadas a tales circunstancias, promulgándose la LOECE (1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOPEG (1995).

Luego vino la detestable lucha ideológica partidista, donde cada ministro de turno hizo de la educación su sayo, sacando de la chistera política nuevas leyes sin justificación alguna, interferidas por credos políticos y religiosos que han contaminado la educación, desanimado a los profesores, desconcertado a los alumnos, agobiado a los padres, irritado a los ciudadanos y escandalizado al sentido común.

Así, cayeron sobre nosotros la LOCE (2002) y la LOE (2006), amenazándonos ahora el Gobierno con otra nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en plena crisis económica, institucional, social y moral, que viene con una carga restrictiva, ideológica y selectiva, que nada tiene que ver con la perspectiva educativa como sería su obligación, puesto que sus aportaciones se dirigen al control, la sanción y la discriminación: incorporación de evaluaciones finales en Primaria y ESO, reducción del poder de las Asociaciones de Padres y Alumnos, deshomologación de las lenguas cooficiales, penaliza a los centros que no cumplan con el rendimiento académico y restricción de la autonomía de gestión.

E.S.O.

E.S.O.

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Nunca pensé que tras la prejubilación tendría que volver a decir públicamente algo que “prediqué” en Institutos de España durante cinco años, explicando la reforma educativa y el modelo de evaluación patrocinado por ella.

Es el abogado José Ignacio Wert quien me anima a ello, no por su condición de jurista o sociólogo, sino por ser el responsable de dirigir la política educativa del país, aunque jamás haya pisado un aula, lo que explica la cantidad de disparates que suelta, como si estuviera en una de esas tertulias con sabelotodos, en las que participaba antes de ocupar el sillón ministerial.

Alguien debía orientar los pasos de este “pilarista” porque desde que abandonó el análisis de encuestas va por la política dando más golpes en la herradura que en el clavo, lo que explica la escasa valoración que los ciudadanos le dan en el barómetro del CIS.

Algún amigo tendría que hablarle al ministro del origen, significado, alcance y finalidad de la educación obligatoria, para que no dijera más tonterías sobre ello, advirtiéndole que la Educación Secundaria Obligatoria es la formación básica que deben tener todos los españoles sea cual fuere su condición familiar, económica o social. Es decir, representa lo que debe saber un privilegiado pilarista del barrio Salamanca y un desvalido ciudadano que habita una chabola marginal.

La ESO ha de poner su atención en la formación global del alumno, por lo que el criterio colegiado de los evaluadores ha de primar sobre la apreciación particular de cualquiera de ellos.

Este tramo educativo tendría que garantizar el aprendizaje de conocimientos elementales que capaciten al alumno para progresar con autonomía intelectual en el futuro, fomentando en él habilidades manuales, destrezas intelectuales, técnicas operativas y estrategias mentales de actuación.

La ESO debería facilitar los saberes conceptuales básicos – ¡básicos! – que permitan al educando realizar estudios no obligatorios, donde primarán los clásicos contenidos y las calificaciones por materias de enseñanza, evitando así que el fracaso del escolar en la ESO ponga al descubierto el fracaso del sistema.