LEY ELECTORAL
Hoy debemos ir todos a las urnas siguiendo instrucciones dictadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada en 1985 y con última modificación en 2018. Ley que discrimina el voto de las personas, pues no vale igual en las 52 circunscripciones, según la ley D’Hondt que la rige, beneficiosa para los grandes partidos.
Por eso insisten tanto los líderes de las más importantes organizaciones políticas en el “voto útil”, pidiendo a los votantes que sacrifiquen el voto al partido de su preferencia, para evitar que se pierda. Es decir, yo quiero votar a los “mejores” para mí, pero como es difícil que obtengan escaño por no llegar al 3 % o perder votos en el reparto fijado por la ley citada, entonces voto a los “menos malos” para evitar que ganen los “peores”, sacrificando así mi opción preferente.
Esto explica que los partidos minoritarios quieran modificar la ley y los mayoritarios se nieguen a ello. En lo que están mayoritariamente de acuerdo ambos bloques, – aunque no falten voces aisladas que digan lo contrario-, es en reservarse los partidos el injusto derecho que les autoriza a decidir qué personas irán al Parlamento, cerrando las listas electorales y hurtando con ello la posibilidad de que los votantes elijan a quienes deben representarles.
La segunda vuelta también ayudaría a clarificar la situación, como hacen los franceses, pues a la segunda ronda solo irían los aspirantes más votados, aunque el sistema tenga la desventaja de un incremento de abstencionistas.
En todo caso, no hay más opción que la disponible. Aceptémosla, pues, con resignación democrática y vayamos a votar al partido de nuestra preferencia, pero sin olvidar que el voto en blanco es un voto responsable defendido por Saramago en su “Ensayo sobre la lucidez” como censura a los políticos y sacudimiento de conciencias, siendo ese voto muy diferente a la abstención.
