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Año: 2018

RECUEDO SOLIDARIO

RECUEDO SOLIDARIO

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Mi condición de lujoso emigrante en lejanas tierras durante años, me obliga a enviar un recuerdo en vísperas de Nochebuena, a todos los vecinos llegados desde la hambruna al suelo español de promisión, aunque no siempre la acogida facilite la redención.

Inmigrantes llegados con la angustia en sus cuerpos, lágrimas en la mirada, bocas resecas y profunda soledad en el alma, huyendo del hambre y dispuestos a sudar por la patria que el monarca ensalzará mañana en su predicación.

Inmigrantes llegados en busca del pan que no pudieron amasar en sus países de origen, castigados por la vida sin haber cometido más pecado que nacer en chozas y chabolas al sur de la vida.

Seres condenados por fatal infortunio de la cuna, que hace ricos a unos y a la mayoría esclavos de la miseria, sin merecer unos ni otros la suerte o desgracia que les ha tocado en el reparto.

Nadie se juega la vida en una patera para hacer turismo. Nadie cruza el Atlántico en la bodega en un barco si no es para sobrevivir. Nadie altera sus costumbres y cultura si la hambruna no llama a la puerta. Nadie abandona su familia para refugiarse en la soledad de una habitación decorada con fotos de los que dejó abandonados en su tierra natal, para ganar el futuro de todos.

A estas solitarias personas, desarraigadas del paisaje que les vio nacer, trabajadores obligados a demostrar cada día su competencia, les envío mi recuerdo. A estos seres humanos sin protección que les asista, contratados para realizar esfuerzos que sólo a ellos se les pide, acompaña mi solidaridad.

A quienes realizan detestables tareas rechazadas en muchos casos por quienes piden diariamente su expulsión.

A quienes sienten en sus carnes el injusto arañazo del racismo y el mordisco de la xenofobia por cometer el delito de querer liberarse de la pobreza y miseria.

A todos ellos envía un abrazo solidario quien gozó en tierra extraña de privilegios inalcanzables para ellos, sin poderse desprender de nostalgias infantiles cuando pasó las fiestas navideñas recogido en la solitaria isla familiar, lejos de su patria, su gente, su cultura y sus tradiciones.

FIN DE AÑO ¿UNIVERSITARIO?

FIN DE AÑO ¿UNIVERSITARIO?

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Es difícil estar de acuerdo con una fiesta universitaria tan alejada de la vida intelectual propia de la Universidad como la celebrada el pasado jueves, porque nuestro centenario Estudio nada tiene que ver con tales saturnales, exigiendo este hecho eliminar de la convocatoria la atribución universitaria que la define.

Es difícil compartir la noche con amigos, vecinos y foráneos, entre drogas, orines, vomitonas, intoxicaciones etílicas, provocaciones a los agentes de la autoridad, borracheras prefabricadas y veinte toneladas de residuos, por mucho que se endulce el ambiente con gominolas.

Es difícil disfrutar del merecido descanso nocturno de los ciudadanos, cuando los gritos, cláxones, cánticos, golpes, roturas, peleas callejeras, destrozo de mobiliario urbano, caprichosos ruidos excesivos y juergas en pisos juveniles, obliga a intervenir a la policía para desalojarlos.

Es difícil aceptar una fiesta universitaria patrocinada por una bebida energizante, un jarabe gaseoso refrescante con extractos no alcaloides de hojas de coca y un ron corsario que obsequia con rojos gorros de bucanero a los participantes, no encontrándose tales productos catalogados en biblioteca universitaria alguna.

Es difícil comprender una tradición como esta en la culta ciudad salmantina, que esa noche transforma su barroca Plaza Mayor en la Plaza Europa de Salou o en Plaza Pitiusas de la calviense Magaluf, convirtiéndose la “pequeña Roma” en centro de peregrinación verbenera, donde a los orgiásticos romeros les importa un pimiento morrón el paseo turístico por el monumental museo salmantino.

Es difícil transigir con un pseudofestejo que en pocas horas multiplica los delitos en la ciudad, incrementando sensiblemente el consumo de drogas, los hurtos de carteras, robos teléfonos móviles, timos y “simpas”, obligando a un importante gasto en seguridad y limpieza que pagamos todos, sin tener claro quién o quiénes son los beneficiarios de tal desmadre.

¡Apretad!

¡Apretad!

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“¡Apretad!”, dijo el blandense Torra a los violentos encapuchado hace unos días, completando ahora la frase, diciendo: “¡Apretad, sin miedo, que yo sujeto en un rincón del cuadrilátero a los mossos para que les amoratéis la cara a puñetazo limpio y pedrada seca”, en un alarde de vesánica irresponsabilidad, propia de quien vive obsesionado por la abducción ideológica que padece, origen de su patología independentista.

En todo caso, los arrebatados vehementes deben tener cuidado con los apretones súbitos inducidos por alimentos ideológicos contaminados, porque pueden acabar corriendo al íntimo escusado con los pantalones en los tobillos, si quienes aprietan son los mossos, hartos de comentarios y tratamiento que están recibiendo por quienes tienen que protegerlos y defender la paz que desean todos los catalanes, a excepción de la notoria minoría empeñada en violentar la civilizada sociedad catalana.

No debemos identificar al monárquico “king” con el republicano Quim, a pesar de la coincidencia fonética de ambos, porque el segundo se opone frontalmente al primero y trata de eliminarlo del diccionario político. Algo legítimo si ello se hace conforme al ordenamiento jurídico vigente, con métodos democráticos, respeto a los disidentes y aplicando el sentido común de los mortales.

Tampoco “Quim Torra” –sectario presidente de la Generalitat catalana-, es lo mismo que “Quim, torra”, exaltado secesionista que pone a los Comités de Defensa de la República en la lumbre para que se torren tomando color de violenta bandera segregacionista. Por cierto, los CDR deben añadir una “C” a sus siglas, y escribir: CDRC, para aclarar que son Comités de Defensa de la República Catalana solamente, evitando con ello incluirnos en su violento proyecto a los muchos republicanos que aspiramos a cambiar la organización del Estado en una República, por métodos democráticos, legales y pacíficos.

Finalmente, no conviene tampoco confundir “Quim” con “quin”, aunque Quim haga quines animando a los CDR a taladrar con su punta de hierro candente las cabezas de los Mossos y de los hispano-catalanes, pidiéndoles que “aprieten” con actos violentos, para que el poder ejecutivo contamine con sus presiones al judicial, que mantiene encarcelados a los líderes separatistas, patrocinadores del movimiento violento que pretende hacer de su juicio, un juicio a todo el pueblo catalán, incluida la mayoría que está en contra de su proyecto.

La cachada no parece el método más adecuado para conseguir objetivos políticos en un Estado democrático de derecho, ni es coherente exigir a los Mossos que permitan ilegales actos violentos, arrojando sus defensas personales al suelo y quitándose los cascos, hasta convertirse en muñecos pim-pam-pum de los violentos encapuchados, que jueguen con ellos a la cachada hasta romperles la cabeza.

MEMORIA DE UNA MADRE EN INCIVIL GUERRA

MEMORIA DE UNA MADRE EN INCIVIL GUERRA

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Con premio en el VI Concurso Literario Internacional “Memoria del corazón”, convocado por La Gaceta de Salamanca y titulando su narración como “Recuerdos de una niña de la guerra y de la post-guerra civil española”, describe Mercedes lo que fue la represión en Salamanca, mojando su pluma en la dolorida memoria de su madre.

Sin valorar la calidad literaria del relato sobre la historia personal vivida por una niña de seis años en años de barbarie, resulta sobrecogedora la descripción real de los hechos acontecidos en nuestra ciudad en aquellos días negros, donde no hubo guerra pero sí una represión implacable y despiadada contra los disidentes del golpe militar, como escribió Unamuno a su amigo Quintín de Torre el 13 de diciembre de 1933:

Me dice usted que esta Salamanca es más tranquila, pues aquí está el caudillo. ¿Tranquila? ¡Quiá! Aquí no hay refriegas de campos de guerra, ni se hacen prisioneros de ellas, pero hay la más bestial persecución y asesinatos sin justificación. Y encarcelan e imponen multas –que son verdaderos robos- y hasta confiscaciones, y luego dicen que juzgan y fusilan. También fusilan sin juicio alguno.

La denuncia de un vecino llevó al abuelo de la narradora a la cárcel por ser de izquierdas, no tener bautizados a sus hijos y ser acusado de manchar con tinta la placa que daba nombre a la calle Generalísimo. En la prisión de la Aldehuela vino el tormento de la incertidumbre por el fusilamiento, si el caprichoso azar decidía que le tocaba al abuelo formar parte del grupo de fusilados que esperaban “en capilla” turno de matanza al día siguiente, acabando en la basura la cacerolita de comida que su esposa le llevaba cada día.

Jornadas de racionamiento donde la familia del encarcelado tenía que subsistir con una panilla de aceite, algo de azúcar, un poco de harina y el bollito de pan diario, para sobrevivir malamente hasta que el detenido salió de la cárcel y volvió a su empleo en la RENFE, con la oportunidad de encontrar un escondite donde guardar la comida, que la madre de Mercedes llevaba en un pucherito para despistar a los vigilantes con su infancia.

Estremecedor relato extensivo a tantas familias salmantinas que pasaron por similar trance, muchas de ellas con peor desenlace del que la autora del relato nos cuenta en dos páginas cargadas de vida, historia y dolor, que nunca debieron producirse y que jamás deben repetirse en nuestra ciudad, ni en cualquier otra parte del planeta donde continúan hoy sucediendo hechos semejantes.

RESULTADOS ELECTORALES

RESULTADOS ELECTORALES

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A pocos meses de la catarata electoral que se avecina, es buen momento para comenzar las reflexiones sobre distintos aspectos que configuran los procesos electorales, como son las leyes que los rigen en nuestro país, las candidaturas partidistas, la campaña electoral, los resultados y las consecuencias, comenzando por una primera petición inalcanzable, cabeza visible de las que vendrán después, tan quiméricas como necesarias, que no recibirán luz verde parlamentaria.

Conviene poner atención al analizar los resultados electorales o consultas de opinión ciudadana, cuando los datos finales de la votación o las respuestas a preguntas se expresan en porcentajes, porque esto puede dar lugar a equívocos si faltan los datos numéricos de participación en el proceso.

Afirmar que la inmensa mayoría de participantes, representada por el 66,6 %, está de acuerdo o en desacuerdo con algo, dice poco a favor de esa votación, ya que puede tratarse de una muestra formada por un censo de tres personas, en la que dos opinaron una cosa y la tercera la contraria, invalidándose el resultado por razones obvias.

Situaciones como la anteriormente caricaturizada y otras similares, obligaría en todas las votaciones a fijar un porcentaje mínimo de participantes censados en la misma para validar una consulta, con objeto de evitar que una minoría de ciudadanos decida por la todos los vecinos, aunque esa condición tenga pocos visos de hacerse realidad.

En ocasiones, la situación es aceptable, aunque no esté fijado un porcentaje mínimo de participación, como está sucediendo en las elecciones generales celebradas en España, con un porcentaje de participación en torno al 70 % del censo. De hecho, en las elecciones de 2011 fue del 68,94 %; en 2015, el 73,2 %; y en 2016, participaron 24.161.083 representando el 69,84 % del censo electoral.

Pero no siempre sucede esto. Así, por ejemplo, en la aprobación del Estatuto Catalán se proclamó que fue aceptado por la mayoría absoluta de catalanes con el 73,24 % de los votos, sin dejar claro que se abstuvo de votar la mayoría absoluta de la población, pues de un censo de 5.310.103 catalanes, solo participaron en la votación 2.594.167, minoría absoluta representativa del 48 % del censo, es decir, que todos los ciudadanos catalanes tuvieron que aceptar el Estatuto aprobado por una minoría de ellos.

Algo parecido ocurrió en la consulta promovida por los dirigentes de la organización política Podemos para decidir si sus dos principales líderes debían seguir en sus puestos orgánicos o abandonarlos. En la página Web de la organización se aportaron entonces los siguientes resultados: “Sí: 128.300 votos (68,42 %); No: 59.224 (31,58 %); con 652 votos en blanco, sobre un total de 188.176 votantes”. Esa es toda la información que aportaron, pero convendría que hubieran dicho también que los inscritos eran 487.772, es decir, que solo votaron el 38,6 % del “censo” ocultando su opinión 299.596 inscritos (el 61,4 %) por razones que van desde el desinterés por el tema planteado hasta lo que cada cual pueda imaginar sobre la continuidad de Irene y Pablo. Si sumamos los inscritos silenciosos a quienes votaron “No” o “en blanco”, nos resulta que apostaron por la continuidad de la pareja 128.300 inscritos, representativos del 26,3 % de ellos, expresando su disconformidad o expresivo silencio 359.472 personas representantes del 73,7 % de los inscritos. Recordemos que en los Anexos I y II de los Estatutos de Podemos se establecen distintos porcentajes mínimos de participación según las particularidades de la votación: 0,2 %, 1 %, 3 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %.

Estos dos últimos ejemplos son una muestra de los muchos que podríamos recoger, aunque no invaliden las reglas democráticas, pero tal vez convendría fijar un porcentaje mínimo de votantes para validar una consulta, sobre todo si esta tiene singular importancia para los ciudadanos a quienes va a afectar la decisión tomada, siendo conscientes del riesgo que propuesta representa.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente desde el 17 de enero del presente año, contemplan un porcentaje mínimo de participantes en los procesos electorales. Tampoco la Comisión de Venecia en su Código de Buenas Prácticas establece ese porcentaje mínimo de participación y aprobación, lo que permite concluir que en España todas las elecciones son válidas, sea cual fuere el número de ciudadanos que participen en la votación.

La reflexión sobre las listas cerradas elaboradas por los partidos políticos para su propio uso, merecen enciclopedia aparte, en la partitocracia que tenemos.

PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto garantizar y proteger el tratamiento de datos personales de los ciudadanos, preservando así su intimidad. Algo que no solo afecta a la privacidad de los ficheros oficiales y profesionales custodiados en Instituciones, despachos, consultorios, empresas y comercios, sino a todo aquello susceptible de difundir arbitrariamente datos personales de ciudadanos, por reducido que sea el ámbito de difusión.

Esto obliga a que en todas las oficinas públicas, consultorios médicos, salas de espera, entidades bancarias, empresas y negocios donde se atiende al público, haya espacios reservados donde las conversaciones y los datos que se manejen del ciudadano, no puedan ser escuchados por quienes comparten el lugar donde tienen lugar tales encuentros.

Digo esto, porque el pasado miércoles acudí a una compañía aseguradora donde atienden varios empleados y empleadas a los asegurados, en espacio próximo y abierto donde estábamos una docena de personas en turno de espera, enterándonos de los problemas de cada cual, de los números de identidad, las dolencias, enfermedades, tratamientos, direcciones, números de teléfonos y otros datos de los asegurados que iban siendo atendidos por los empleados y empleadas de la aseguradora, debido al tono y falta de privacidad de las conversaciones, por carecer de aislamiento adecuado para las entrevistas.

Algo que no es exclusivo de dicha aseguradora ni de algunas instituciones oficiales que tienen las mesas de atención al público tan cercanas y abiertas que los datos personales de quienes son atendidos se difunden al resto de funcionarios, colegas y ciudadanos en espera de ser atendidos.

No se precisa la imposición de la Ley citada en la cabecera del artículo para que los datos personales estén protegidos en tales casos, puesto que el respeto a la intimidad de cada cual exige que en todos los lugares de atención pública existan espacios reservados para ello, de forma que lo tratado en dicho ámbito cumpla el requisito de privacidad que demanda la intimidad personal de cada cual.

NO ES FÁCIL COMPRENDER

NO ES FÁCIL COMPRENDER

Suceden en nuestra sociedad algunos hechos difíciles de comprender por mentes sanas y espíritus descontaminados de ciudadanos moralmente saludables y políticamente independientes, incapaces de entender algunas piruetas sociales realizadas por mandamases que gobiernan instituciones, empresas y entidades de diversa índole, con acciones ajenas al sentido común de los mortales, a la lógica mental y al pensamiento colectivo, por mucho que los responsables de los esperpentos traten de justificarlas con demagógicas palabras, rechazadas por su propia inteligencia, aunque se cubran el rostro con una careta para ocultar su sonrisa.

Tal es el caso de algunos magistrados –no de todos ni de la Justicia- que llevan algún tiempo emulando a Valle Inclán con sus comportamientos, actitudes y sentencias, como ha sucedido con ciertos togados del Tribunal Supremo, porque no es fácil comprender lo que allí ha sucedido sin sospechar una segunda verdad que solo saben los protagonistas del grotesco espectáculo que han ofrecido, censurado por todos, incluso por los propios protagonistas del hecho, que han obligado a su presidente a pedir públicamente perdón por deformar la realidad con sus estrafalarios comportamientos.

Tampoco es fácil comprender que el presidente de dicho tribunal dijera que en España solo van a la cárcel los robagallinas, y nadie haya movido ficha.

No es fácil comprender que dicho presidente del Tribunal Supremo confunda la Ley Hipotecaria con el Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre que regula el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, para justificar lo injustificable.

No es fácil comprender que las “reglas del Estado de Derecho” invocadas por el presidente no sean comprendidas por los ciudadanos, ni por la opinión pública, el Gobierno, asociaciones judiciales y el panadero Casildo.

Tampoco es fácil de comprender que los miembros del alto Tribunal no estén obligados a declarar sus bienes e inversiones, para que los contribuyentes que pagamos su sueldo estemos más tranquilos viendo que no tienen personales negocios bancarios que defender.

Al presidente del máximo órgano constitucional del poder judicial no debe bastarle con pedir perdón por su mala gestión, reconociendo los errores cometidos en el procedimiento seguido para resolver un asunto de importancia tan singular, cuya resolución ha causado gran alarma social y grave daño al más elevado tribunal de la justicia española.