ANTONIO PÉREZ, EL BÁRCENAS DE FELIPE II
Un asunto doméstico de preocupantes consecuencias ocupaba la mayor parte del tiempo del rey Felipe II en 1587, porque Antonio Pérez estaba huido en Aragón, portando documentos comprometedores para el monarca, a quien había servido con aparente lealtad desde que el emperador Carlos lo puso a su lado cuando era principito.
El político Pérez fue durante muchos años secretario particular de Felipe II, ejerciendo en todo ese tiempo una gran influencia sobre el rey, por la confianza que este había depositado en él y en su natural inteligencia para gestionar bienes y administrar la casa real.
Pero al morir en 1573 el Príncipe de Éboli, Pérez pretendió aumentar su poder y comenzó a interferir en los temas de gobierno, llegando incluso a ordenar el asesinato de Juan Escobedo, consejero de don Juan de Austria, porque había descubierto sus manejos políticos.
Temiendo el Rey que este intrigador utilizara contra él los documentos que poseía, tomó la decisión de encarcelar al susodicho Pérez para recuperar los comprometidos documentos que tenía, llevando su empeño más lejos de lo que hubiera sido prudente en el rey Prudente, pues envió al general Alonso de Vargas con un ejército para ocupar Zaragoza, sin respetar los fueros aragoneses, donde Antonio Pérez estaba protegido en casa del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, dándole la siguiente orden contra su protector: “Prenderéis a Don Juan Lanuza, Justicia de Aragón, y presto sepa yo de su prisión y de su muerte. Haréisle cortar la cabeza y diga el pregón así: «Esta es la justicia que manda hacer el Rey vuestro señor».
Para hacer esto, el monarca sólo tuvo en cuenta sus deseos, y para satisfacerlos acusó al Justicia de cometer un delito de lesa majestad por oponerse a sus intenciones, decretando su muerte por degüello, que era menos infamante que la horca, al tratarse de un noble.
Esperemos que Rajoy no ordene la decapitación de los jueces españoles, en caso de que estos indulten a Bárcenas de sus delitos, ni pida la horca profesional para los magistrados que pretendan imputarle a él mismo alguna fechoría administrativa, trampa fiscal, doble contabilidad, financiación ilegal, mentira parlamentaria, fraude electoral, sobresueldos o abuso de poder.
