DERECHO A PROTESTAR
Los intentos del Gobierno por impedir manifestaciones ciudadanas, silenciar protestas públicas y censurar ciertas opiniones vertidas en redes sociales, van por el camino de la represión pura y dura, que tan nefastas consecuencias tiene para represores y reprimidos, como ha demostrado tantas veces la historia a lo largo de los siglos.
Pretender superar un conflicto con leyes opresivas que autoricen detenciones arbitrarias, pelotazos mutilantes y porrazos magullantes, es algo tan inútil como intentar navegar bajo el mar en un submarino descapotable, porque la solución a los problemas no está en el palo limpio, sino en la intervención directa sobre el origen del conflicto, erradicando su causa.
Dado que la disgregación de los trabajadores y la falta de unión ciudadana provoca una sensible desigualdad de fuerzas entre opresores y oprimidos, a los rebeldes no les queda otro recurso que la protesta en forma de pataleo, vociferio, insulto, blasfemia social y palabra injuriosa contra los causantes de la desgracia y el pequeño grupo de estafadores y corruptos beneficiarios de su infortunio.
Cuando se ha perdido el trabajo y el sueldo en la maleza de recortes y guadañazos legalmente limpios y humanamente insolidarios, al mutilado apenas le queda su voz para gritar, y nadie puede quitarle el derecho a desgañitarse clamando justicia social en las pancartas y redes sociales.
Quien carece de mendrugos para llevarse a la boca reseca, está indultado por el séptimo mandamiento. Para quien pierde injustamente lo que es suyo, la lucha es inevitable. Cuando se desgarran los ojos de dolor y el llanto se hace sangre, la violencia sustituye a las palabras, por mucho que los privilegiados se rasguen las vestiduras y proclamen el Estado de Derecho que solo les protege a ellos.
