PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
Es conocido por todos los ciudadanos que muchos puestos de trabajo en la administración pública están adjudicados “a dedo” antes de convocarse, siendo las comisiones de servicio el paradigma de la arbitrariedad. Nepotismo o amiguismo que sucede sin que nadie incendie nada, ni se paralice la sociedad. Toda la indignación queda en tertulias, ironías con sordina o protestas a hurtadillas por los rincones.
Los protagonistas de tales injusticias deben saber que a nadie engañan, ni sus iniquidades pueden ocultarse en la niebla de unas decisiones amañadas o camuflarse en la discrecionalidad de una valoración subjetiva e interesada para disfrazar de legalidad lo que no es más que teatro, farsa y pantomima, para beneficiar a quien se le debe un favor, a quien se le va a pedir un servicio o a quien se le va a demandar perpetua servidumbre.
Tal vez los autores y cómplices de semejante abuso de poder ignoran que la prevaricación es el delito que comete una autoridad, un juez o un funcionario cuando dicta o propone, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, una resolución injusta. Es decir, cuando los miembros de un tribunal no seleccionan a los candidatos con mayor mérito y capacidad, están cometiendo un delito. Cuando se promocionan o mantienen a incompetentes en puestos públicos de trabajo, se está cometiendo un delito. Cuando se conceden comisiones de servicio sin criterio objetivo que las sustente, se está cometiendo un delito.
La prevaricación administrativa lesiona el principio de imparcialidad. Es un torpedo que va directamente a la línea de flotación del control democrático del poder. Supone una vía que cierra el paso a la higienización moral administrativa. Y pretende eximir a unos privilegiados ciudadanos del cumplimiento de la ley. Es la infracción más grave que comete la autoridad administrativa, y el delito por excelencia contra el administrado.
Ante eso sólo nos queda confiar en el rearme ético y el valor de profesionales honrados que se nieguen a participar en esos pasteleos y salgan a la plaza pública a denunciarlos. Perversión bien definida en un pensamiento kantiano, que cuestiona el liderazgo intelectual del jefe. El nepotismo y el amiguismo erosionan gravemente la confianza pública y dañan la justicia, porque el interés público exige que sean los mejores profesionales quienes atiendan a los ciudadanos en los centros públicos. El rumor extendido por la sociedad de que sólo con parentesco, enchufe, servilismo o ficha política se puede lograr algo sustancioso en la administración ha de superarse definitivamente en una sociedad democráticamente madura.
