PREMIAR EL DELITO
Hay partidas presupuestarias institucionales que producen desconcierto, otras generan desasosiego, algunas reportan confusión, muchas sorprenden, la mayoría parecen abusivas en beneficio de los de siempre, pero que los ciudadanos tengamos que pagar las multas de tráfico de los coches oficiales de sus señorías parlamentarias, provoca indignación y urticaria social.
Efectivamente, el Congreso reserva varios miles de euros aportados por los ciudadanos para hacer efectivas las infracciones de tráfico cometidas por la flota de vehículos que utilizan los patrioteros padrastros de la patria, en sus desplazamientos de un sitio para otro, con la irritación añadida de los di-putados si el chofer se retrasa.
Si algún padrenuestro de la patria recibe una multa por aparcar en zona prohibida, la denuncia la pagamos usted y yo; si pisa el acelerador más de lo permitido activando un radar, el flashazo lo pagamos usted y yo; si el parlamentario levanta la voz ofendiendo a los agentes, el enfado de los gendarmes también lo pagamos nosotros.
Eso sí, cuando la sanción al diputado infractor comporta pérdida de puntos, no solo abonamos la multa y los recargos del anónimo pecador, sino que además nunca sabremos el nombre del infractor porque el Congreso se niega a darlo. Pero si no hay pérdida de puntos, el sacrificado Parlamento recurre la multa para ahorrarnos dinero, alegando que la infracción se cometió por motivos de seguridad personal del delincuente.
Es decir, que el sistema de pago aprobado por los infractores desde sus escaños espanta a la ley, insulta al sentido común colectivo, degrada el servicio público y ofende a la inteligencia, porque con privilegio tan detestable se premia el delito.
