GRATUIDAD DEL INSULTO
No sé si carecemos de leyes que sancionen las ofensas, insultos, calumnias y difamaciones públicas; ignoro si los vilipendiados no ponen las denuncias correspondientes; o si los jueces permiten que los ultrajes queden impunes dictando sentencias absolutorias o blandas para los injuriadores, por considerar los agravios como asuntos menores, pero en este país sale muy barato insultar públicamente y denigrar injustamente la dignidad de las personas.
“Difama, que algo queda”, dicen los dominadores de las vejaciones, conscientes que las degradaciones personales que propinan a sus adversarios, calan en el inconsciente colectivo y provocan un rechazo del sujeto escarnecido, aunque lo afirmado no se ajuste a la realidad, permitiendo que el engaño tome carta de veracidad.
Goebbels, el gran propagandista de la Alemania nazi afirmaba que una mentira mil veces repetida llega a convertirse con el tiempo en una verdad indiscutida, olvidándose que esa situación solo se hace realidad en mentes captas, fácilmente manipulables por la publicidad embaucadora de quienes lavan cerebros blancos carentes de sustancia gris.
No me refiero solamente a los insultos verbales, también deben sancionarse a las personas que realicen gestos de burla, mofa o desprecio hacia aquellos ciudadanos que los reciben, como es el caso de los “cortes de mangas”, los “calvos”, las “cornamentas” o las «peinetas».
Los insultos públicos gozan de una impunidad insultante que sirve de regocijo a los desaprensivos y falsarios que ejercen tan detestable oficio en las ondas, pantallas, redes sociales y páginas de periódicos, sin que la sociedad reaccione en un Estado de Derecho, que más parece de deshecho por consentir oprobios detestables que merecen castigos ejemplares.
