MORDAZA Y FUGA
Pocas leyes han concitado un rechazo tan general como la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el día 1 de julio, que pretende amordazar a los españoles privándolos de libertad de expresión a base de duras sanciones por hipotéticas faltas y delitos, mereciendo la citada norma censuras de organismos nacionales e internacionales y críticas de jueces, fiscales, abogados, políticos, militantes, cuerpos de seguridad, bomberos, taxistas, clérigos, heladeros, comadres, churreros, caldereros, incluso de los propios militantes y algunos miembros del Gobierno promotor de la misma.
En opinión de expertos juristas, con esta norma legal se conculcan derechos humanos básicos, atreviéndose algunos de ellos a calificarla de inconstitucional a sabiendas que el tribunal correspondiente no tendrá tiempo a dar un veredicto porque la promulgación de la ley lleva aparejado el anuncio de su propia desaparición, sea cual fuere el Gobierno que sustituya a los autores de la misma.
Salvando las diferencias en tiempo y articulado, esta ley recuerda, -por el rechazo producido-, a la extrajudicial y paralegal Ley de fugas de 1921, promulgada para endurecer la legislación y frenar las protestas sociales derivadas de la crisis económica de 1919, utilizada de forma inclemente y asesina por su principal promotor, el general Martínez Anido.
Semejante ley simulaba la huida de un preso para acabar con él, encubriendo con tal pretexto el asesinato de la persona detenida, violando impunemente el derecho de habeas corpus que condena los arrestos y detenciones arbitrarias, porque conculcan derechos fundamentales de las víctimas.
Bajo el paraguas de tal ley se ocultaron todos los crímenes de Estado que imaginarse pueda, poniendo mucha atención los gendarmes en que sus disparos a los asesinados se hicieran por la espalda para simular la fuga del disidente, todo ello en macabra connivencia con jueces y políticos, en épocas de crisis sociales como sucedió en la Restauración borbónica y las dictaduras militares de 1923 y 1936.
