EVIDENCIAS Y PRUEBAS
Todos los mortales, salvo los jueces, sentenciamos sin temor a equivocarnos que un líquido blanco embotellado dentro de una vasija, es leche fija. No necesitamos más pruebas, ni controles, análisis o reconocimientos, para tener certeza absoluta sobre el contenido del recipiente.
Los jueces, no. Bueno, sí; pero para dictar sentencias condenatorias necesitan pruebas delictivas que el sentido común de los ciudadanos pasamos por alto, porque nos rendimos a la evidencia de unas circunstancias concluyentes para profanos y lerdos en Derecho, aunque sepamos los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos, incluso a los delincuentes.
Es decir, que los jueces no pueden condenar a nadie si carecen de las pruebas que acrediten el delito. Esto es así por mucho que nos empeñemos en defender que las infracciones evidentes no necesitan señales y que un juez puede obviar las trampas legales para sancionar fechorías percibidas hasta por el más tonto del vecindario, aunque por esa ventana se escapen muchos delincuentes de guante blanco, ciertos políticos astutos y abundantes cínicos sin escrúpulos.
Esto es algo que sorprende a los ciudadanos, a los animales domésticos, a las plantas silvestres, al empedrado de las calzadas romanas y a las truchas de los ríos, pero también a los propios jueces que ven con frustración conculcados sus propios deseos por la ley que tienen obligación de respetar, aunque algunas veces este respeto les cueste sangre, sudor y lágrimas al redactar sentencias absolutorias a consumados corruptos, defraudadores, evasores, corruptores y tramposos que se les escapan de las manos por rendijas legales abiertas en las leyes que deben aplicar.
