BALANCE AUTONÓMICO
Diciendo lo que voy a decir, sé que algunos van a decir lo que no quisiera que dijeran, pero voy a tolerar lo que digan porque tienen derecho a decir lo que quieran. Los años pasados en un país tan «profesionalmente autonómico» como Suiza, me autorizan a decir que el origen de nuestra ruina se encuentra en «estas» autonomías de mi patria.
Dicho esto, se equivocarán quienes me tachen de robespierranismo trasnochado, de jacobino decadente, de impertinente filogirondino o de revolucionario de chistera, aunque mis intenciones estén lejos de pretender ejecutar al rey con todos sus cortesanos, ni de romper con el sueño histórico autonómico de mis paisanos gallegos, vascos y catalanes.
Tampoco pretendo insultar a don Felipe y don Leopoldo por los acuerdos alcanzados en los primeros pactos autonómicos de 31 de julio de 1981, a los que se añadieron los segundos en 1992 por acuerdo entre González y Aznar. No.
Pero la experiencia adquirida en 34 años de Estado Autonómico refleja que el dinero invertido en edificios, sueldos, dietas, despachos, mobiliario, consejeros, parlamentarios, asesores, guardaespaldas, funcionarios, coches, chóferes, etc. ha sido la causa de nuestros males, incrementada por el despilfarro y la mala gestión, ya que la multiplicidad de parlamentos y gobiernos no ha dado al pueblo el rendimiento que pregonaban sus patrocinadores, ni las ventanillas se han acercado más al ciudadano.
Tantos miles de millones de euros como se han invertido en estas autonomías, hubieran estado mejor empleados en promover empresas, mejorar infraestructuras, fomentar el empleo, incrementar el bienestar ciudadano, crear hospitales y levantar centros educativos, siendo ahora la situación distinta para los ciudadanos que habitamos distintos espacios en la piel de toro. ¿Quiénes han sido los mayores beneficiarios de la política autonómica? Pues los depredadores que han sabido aprovecharse de ella, pero no el pueblo. Es decir, los pícaros de siempre.
Según datos consolidados de la contabilidad nacional, elaborados por el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas gastaron en 2011 la cantidad de ¡86.333 millones de euros¡, de los cuales 53.484 millones (¡el 62 %¡) se fueron en gasto de personal, o como diría un castizo, las comunidades se han convertido en oficinas de colocación, en mamoneo de politiqueros, amiguismo insultante y descarado nepotismo. ¡Ah!, no intenten pasar estas cifras a pesetas porque reventarán las calculadoras.
Si tenemos en cuenta que la deuda pública de la comunidades asciende a ¡140.083 millones de euros¡ según el Banco de España, no queda más remedio que apuntalar con honradez, responsabilidad y competencia el artículo 2º, antes que un golpe desesperanzado del pueblo ponga las cosas en su sitio, porque la indignación es grande, la desvergüenza va en aumento, los abusos no cesan, aumenta dolorosamente el número de parados y el «rescate» está dando cada día mayores aldabonazos en la puerta para dejarnos definitivamente en situación de K.O. técnico.
