Pocas leyes han sufrido tantos vaivenes como la del divorcio, pues desde el Código Civil de 1889 que establecía en su artículo 52 el matrimonio indisoluble, hasta la vigente Ley 15/2005, pocas normativas legales han ido y venido tantas veces como esta ley, pasando de manos conservadoras a progresistas, hasta acabar en un consenso razonable aceptado por todos, incluidos los ortodoxos de la Rota.

El primer apoyo constitucional al divorcio llegó con la Segunda República, aceptando la disolución matrimonial si las alegaciones del cónyuge demandante eran justas y no arbitrarias, algo que liberaba a la mujer de las imposiciones monárquicas precedentes, oponiéndose la Iglesia a ello porque el matrimonio era sagrado e indisoluble para ella.

Tras largos debates parlamentarios, la Ley del Divorcio fue aprobada el 25 de febrero de 1932 por mayoría absoluta de la Cámara, manteniéndose vigente siete años, pues el 5 de octubre de 1939 los vencedores de la guerra publicaban en el BOE su ley derogatoria, declarando nulas todas las sentencias de divorcio dictadas, a petición de una de las partes, y devolviéndola al tradicional catolicismo “hasta que la muerte os separe”, porque todos los españoles eran católicos, incluso quienes no lo eran.

Finalmente, la cordura se impuso a la intransigencia y el sentido común a la realidad, porque no puede mantenerse unido lo que ya está separado ni mezclar aceite y agua, por mucho pegamento religioso que los obispos echaran en 1981, advirtiendo que el divorcio era el mal de España, pensando que la ley obligaba a ello, sin percibir que quien no quiere no se divorcia.