Entre todos los alegatos hechos por los secesionistas,
ponemos atención en dos afirmaciones pronunciadas por ellos que rechinan en un
Estado Democrático de Derecho, tratando de confundir el sentido común y la lógica
natural con sofismas y argumentos falsos o capciosos esgrimidos con la
pretensión de hacerse pasar por verdaderos.
Coincidimos plenamente con su afirmación de que votar en un
referéndum no es delito, por supuesto, ¡faltaría más!; por eso no se sienta a nadie en un banquillo
por ir a las urnas en un referéndum legalmente convocado, sino todo lo
contrario pues el votante merece felicitaciones del sistema democrático. Pero
cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional
un referéndum, quien lo convoca, apoya, organiza y vota, comete delito de desobediencia
grave a la autoridad y a la ley, como le sucede a los dirigentes catalanes
procesados, buenos conocedores de la sentencia del Constitucional en claros
términos y contundente: “El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y
nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum
de autodeterminación”. No hay duda, pues, de la ilegalidad del referéndum
promovido por los encausados.
Por otro lado, con persistencia machacona de martillos
pilones, los independentistas golpean nuestras mentes con tesón de propaganda
goebbeliana diciendo que los procesado son “presos políticos”, sabedores que
una mentira mil veces repetida se convierte en verdad indiscutida, ignorando
que en su caso nadie aceptará que los “políticos presos” pasen a ser presos
políticos por obra y gracia de la propaganda secesionista.
El juicio a los cabecillas del “procés” con los abogados
defensores al ataque político, los compañeros políticos desplegando toda la
artillería verbal contra el juicio, el fugado Puigdemont en Berlín olvidando en
la rueda de prensa que un Estado de Derecho exige el cumplimiento de las leyes,
y los CDRs. vociferando contra el Estado opresor, nos obliga una vez más a
diferenciar “político preso” de “preso político”, para confirmar el fracaso en el
intento de confusión.
El
preso político es una persona encarcelada por su conciencia e ideas, sin haber
cometido delito tipificado en los códigos legales; y estos políticos presos son
personas que han ejercido el poder otorgado por las urnas para cometer presuntos
delitos penados en tales códigos, considerándose amparados en una impunidad a
la que nunca tuvieron derecho, porque el cumplimiento de las leyes también les
afecta a ellos, dado que el propio Consejo de Europa estableció en 2012 que
solo puede considerarse preso político la persona detenida por razones
estrictamente políticas, sin haber cometido delito penal alguno.
Los encausados: Junqueras, Romeva, Forn, Bassa, Rull,
Forcadell, Vila, Borrás, Mundó y los tres Jordi´s, no están en el banquillo de
acusados por sus ideas políticas, ni por sus manifestaciones independentistas,
no. Están siendo juzgados por haber cometido presuntamente graves delitos como
rebelión, sedición, prevaricación, violación de leyes y desobediencia a
mandatos constitucionales, según la instrucción del caso.
Estos doce políticos y los exiliados: Puigdemont, Rovira,
Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel se habían acostumbrado a convertir en
sayos personales las leyes vigentes con escandalosa impunidad, como pudo verse
el 27 de octubre de 2017, para conseguir la secesión catalana en contra del
ordenamiento jurídico vigente, despreciando a la mitad de sus vecinos y
usurpando la soberanía nacional, con su declaración unilateral de
independencia.
Declaración que ponía en vigor la esperpéntica Ley de
Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, iniciándose con ello un
frustrado proceso constituyente, democrático, transversal, vinculante,
ciudadano y participativo, aunque la mitad de los ciudadanos catalanes no
participaran de tal república catalana, suspendida por el Tribunal
Constitucional el 31 de octubre de 2017, a pesar de que Puigdemont declarase
ante un Parlamento Catalán asumir el mandato de convertir Cataluña en un Estado
independiente en forma de república.
Es decir, los doce procesados son políticos presos y no
presos políticos, como ya dijo el jueves 9 de noviembre de 2017 Amnistía
Internacional, declarando que los acusados no eran presos de conciencia.
Ahora solo cabe esperar que el tribunal que los juzga
respete plenamente el derecho de los procesados a tener un juicio con todas las
garantías legales, respetando los derechos que les asisten.
Si al final quedan absueltos por el tribunal de los delitos
imputados, aceptaremos que fueron encarcelados y procesados por su condición
política al sentenciarse que no cometieron delito alguno, y la democracia
tendrá que devolverles el honor y la dignidad que la instrucción del proceso
les ha hurtado. Pero si son condenados, quedará confirmado lo que piensa mi
panadera.